En las últimas semanas, tanto la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) han alertado sobre el alto riesgo de incumplimiento del exigente tope de déficit público al que nuestro país debe atenerse este año. Estos organismos en absoluto están solos: también el Banco de España, el FMI e incluso la Comisión Europea (la institución misma que vela por la disciplina fiscal en la UE) consideran que los números rojos de las Administraciones rondarán, incluso superarán, el 5 por ciento del PIB, frente al 4,2 comprometido.
Es un pronóstico del todo factible. Resulta innegable que las buenas inercias de ejercicios anteriores prosiguen intactas; es decir, el Estado aún tiene margen para bajar su déficit mientras los municipios todavía arrojarán superávit. Pero las malas tendencias no sólo se mantienen, sino que incluso se potencian.
Así, la Seguridad Social seguirá sumida este año en déficit, del 1 por ciento del PIB, con escasos visos de mejora, en la medida en que la creación de empleo, aunque vigorosa, se basa en el empleo temporal.
De igual o mayor gravedad es la tolerancia con la indisciplina fiscal de las autonomías. Este año su déficit llegará al 1,66 por ciento del PIB, frente al límite del 0,7 establecido, lo que no les impedirá beneficiarse de medidas como la mutualización de sus emisiones de deuda o el apoyo del plan de pago a proveedores.
Más allá de los gestos electoralistas que un año como el actual ha inspirado, falta un verdadero ajuste del gasto público, la única medida que impediría que España se erija, como ocurrirá este año, en el país de la zona del euro que arrojará el mayor déficit público.
