Entendida o interpretada como lo hace en general el intervencionismo, el socialismo de todo pelaje, los keynesianos, o como quiera denominarse -incluida la derecha-, la igualdad no es posible en los seres humanos dado lo muy distintos que somos.
Incluso las mismas personas en circunstancias o marcos institucionales diferentes toman decisiones diversas o divergentes, sin que ello suponga ni signifique trastorno o irracionalidad de comportamiento alguno. Tal sería la pretensión de igualarnos mediante la ley o incluso mediante ingeniería cultural y pedagógica que, para colmo, nos aleja de la idea e intención original de aquellos ilustrados que defendieron la igualdad ante la ley, representativa de un concepto de igualdad no sólo acorde con la libertad sino con la propia desigualdad esencial de los seres humanos, que no lo es en cuanto a su naturaleza sino en cuanto a sus ideas, procedencias, cunas, condiciones, formación, circunstancias, creencias, características, etc., que ante la ley no deben influir.
El informe de la OCDE, titulado Juntos en esto: Por qué menos desigualdad beneficia a todos, conduce a algunas consideraciones sobre el manido y omnipresente concepto de desigualdad, entendida casi siempre como disgregación o dispersión de rentas o ingresos de una población determinada, pero también como señal de cohesión entre los miembros de una sociedad.
En él se plantea que el 10 por ciento más favorecido posee el 50 por ciento de la riqueza mientras que el 40 por ciento de los más pobres apenas posee un 3 por ciento de la misma. O también que entre 2007 y 2011, periodo objeto de estudio y que no concierne al actual Gobierno, como tiende a interpretarse, los ingresos del 10 por ciento más pobre de la población española disminuyeron un 13 por ciento anual, en tanto que para el 10 por ciento de los más ricos apenas disminuyeron un 1,4 por ciento. Admitidas las cifras, éstas deben interpretarse adecuadamente, por cuanto no es comparable ser pobre en España o en Somalia (pobreza relativa) y la OCDE analiza a sus miembros, que son todos desarrollados.
Ya el título es erróneo porque no es cierto que más igualdad, per se, sea mejor para las personas que componen una sociedad, ni para la prosperidad de ésta. Cuando pensamos en igualdad lo hacemos con respecto a un nivel determinado de renta o ingreso, que cada uno tiene en su cabeza. Seguro que era más igual y cohesionada cualquier sociedad tribal de hace 10.000 años que una sociedad moderna. O que Corea del Norte es más igualitaria como economía y sociedad que Gran Bretaña o Portugal. Incluso la Venezuela de 2015 puede ser más igual u homogénea en términos de distribución de rentas que la de 1999. Pero es claro que ninguna de esas situaciones es mejor, por lo que no es cierto que "menos desigualdad beneficia a todos".
El informe pone de manifiesto que en períodos de grandes crisis o depresiones la desigualdad aumenta, hecho conocido y altamente previsible. Pero olvida que también puede aumentar en períodos de fuertes y grandes burbujas o crecimientos fingidos, es decir, acelerados por factores no fundamentales o que no estén basados en el ahorro -y una inversión asociada a éste sin grandes distorsiones-, cambios tecnológicos, mejoras progresivas de capital humano, formación, mayor adaptación y flexibilidad de la economía y sus instituciones, aumentos de productividad de los factores, etc. El gran contraste es que en procesos de auge, como todo el mundo gana más aunque estén aumentando las diferencias, casi nadie se queja.
En los procesos de recesión y mayor desigualdad, sí importa y es dañina la destrucción o disminución de la clase media propietaria y la mayor dispersión de las rentas, como ha señalado el INE que sucede en España. Y es que el informe de la OCDE no dice que los pobres disminuyan sus ingresos y los ricos los aumenten: ambos pierden pero, como es obvio, pierden más quienes menos capacidad tienen de diversificar sus ingresos o rentas. Así, aunque la caída en Bolsa afecte más o menos por igual a todos, ricos y otros muchos que no lo son (pequeños ahorradores en fondos de inversión o pensiones), quienes peor lo han pasado son aquellos que estaban endeudados (casi todos, vistos los datos) y cuya única fuente de ingresos era su trabajo o una pensión. Y quienes dispongan de menor capital humano o diversificación del mismo, todavía peor.
Pero lo más notable del informe es que las principales causas de la mayor desigualdad se deben a actuaciones, intervenciones o actividades en las que se ocupan los gobiernos o las autoridades: subidas de impuestos, recortes de prestaciones (aunque, añado yo, no ha habido reducciones del gasto ni de la deuda pública) y, el más lógico y evidente por ser consustancial con la crisis, el desempleo. Pero incluso aquí son cardinales las normas, las instituciones y regulaciones que afectan al mercado laboral (incluido el papel desempeñado por grupos de presión burocratizados) y que producen los resultados de sobra conocidos, pero cuyas causas no quieren admitirse.
