E l Gobierno actualizó esta semana el plan de estabilidad hasta 2018 y presentó un escenario para los próximos años, que firmaríamos cualquiera de los españoles. La economía crecerá alrededor de 3 por ciento durante cuatro años seguidos, el desempleo se recortará en alrededor de medio millón anual y el déficit presupuestario, esa pesadilla que a punto estuvo de arrastrar a España al rescate, casi desaparecerá a finales de 2018. Fruto de este esfuerzo presupuestario y de la buena marcha de la economía, la deuda pública, el elemento que mayor incertidumbre genera, se mantendrá a raya y por debajo del cien por cien del PIB.
Hasta aquí la carta a los Reyes. Ahora hay que ver si los Magos de Oriente añaden un poco de carbón a los buenos deseos del equipo económico de Rajoy. Ya se sabe que las previsiones están para incumplirlas, porque el papel lo aguanta todo. Las estimaciones están hechas sobre la prolongación durante los próximos años de tres supuestos muy benignos: un euro por los suelos, un barril de petróleo por debajo de 70 dólares .y una austeridad nunca vista en las administraciones públicas, sobre todo en las autonómicas.
No digo que todo sea un invento del Gobierno. El informe está elaborado sobre las previsiones tanto de la Unión Europea como del Fondo Monetario Internacional y cuenta con el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Pero sí que retorció algunos pronósticos, como el del crudo. La mayoría de los expertos augura que el barril de petróleo tipo Brent volverá a la banda de entre 80 y 100 dólares a finales de año.
La crisis nos enseñó que es imposible hacer pronósticos a más de seis meses. ¿Qué fiabilidad tiene un plan cuatrienal en un mundo globalizado en el que, como dice el proverbio chino, el aleteo de una mariposa puede provocar un tsunami al otro lado del planeta? Es imposible realizar estimaciones fiables más allá de 2016.
Los comicios de mayo pueden provocar un cambio de rumbo en la economía. Rajoy está sometido a una presión extrema ante los pésimos pronósticos electorales. elEconomista revela hoy que intentó atrasar las elecciones generales a la segunda quincena de enero de 2016 para recoger el fruto de la recuperación económica. Finalmente, se celebrarán a fines de año.
Si existen dudas sobre noviembre, todos coinciden en que la mejoría no llegará a tiempo para los comicios de mayo. El Ejecutivo intenta agarrarse a los magníficos pronósticos de futuro como a un ascua ardiendo. La mayoría de los candidatos prevén una debacle y que sólo el auge de Ciudadanos les permitirá gobernar con el apoyo puntual de la formación de Albert Rivera. Sobre todo, después del desplome de Podemos en los sondeos.
Una parte del Gobierno considera que la economía también será insuficiente para ganar las generales y aboga por una regeneración total dentro del partido para atajar la principal preocupación de los ciudadanos, la corrupción. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se afana por dar apariencia legal a las cuentas B del Partido Popular. La comparación de las donaciones a esta formación durante 2008, el último ejercicio fiscal sin prescribir, con las de Cáritas para justificar su falta de tributación causan rubor ajeno.
La idea de reventar el caso Rato en plena campaña electoral y sus declaraciones de que la Ley está "por encima de nombres y apellidos" se interpretan en un doble sentido. Unos consideran que intenta provocar un cambio de cuadros dirigentes después de los comicios y otros lo juzgan como un aviso a navegantes para que no se vayan de la lengua.
A la magistrada Mercedes Alaya no le tembló el pulso en llamar a declarar a Chaves y Griñán en vísperas de los comicios andaluces y el magistrado Eloy de Velasco reabrió hace unas semanas el expediente del caso Púnica, que provocó la dimisión del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
¿Qué ocurre si José de la Mata, el juez sustituto de Ruz, hace desfilar por la Audiencia a la antigua cúpula del PP unos meses antes de las generales? Hay varios testigos que accedieron al entramado de las cuentas B, que manejan información comprometida sobre algunos gobernantes, entre ellos, el propio Rajoy.
La vicepesidenta Soraya Sáenz de Santamaría fue la primera en informar a Rajoy del registro a Rato, antes que el titular de Justicia, lo que prueba que estaba al corriente de la operación. A su enfrentamiento con la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, se suman otras banderías, como la del presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, candidato a la sucesión.
Rajoy aprovechó su presencia el lunes en un foro periodístico para insistir en que será el candidato a las generales, que no tirará la toalla. El presidente recurre a las propiedades curativas de la recuperación económica como si fuera su conxuro (conjuro) gallego. Pero será difícil salvarse de la quema. La sucesión en el PP está abierta.
