"Voy a dar la batalla del PIB", aseguró el mes pasado el presidente Mariano Rajoy a los empresarios del Foro Puente Aéreo. Y, sin duda, desde hace meses, el jefe del Ejecutivo se empecina en acompasar al milímetro sus decisiones a la marcha de una recuperación que considera el principal (cuando no el único) activo de su gestión.
El afán por apurar al máximo sus efectos le inspiró el propósito de estirar todo lo posible el plazo para celebrar las elecciones generales, de modo que tuvieran lugar en enero de 2016. La demora revela a las claras que su razón de ser era permitir que el candidato Rajoy se presentara con los mejores datos macro de los últimos años a su espalda (crecimiento del PIB del 3 por ciento; 600.000 empleos creados) ante un electorado que, con seguridad, notará una mejoría más intensa que la actual.
Sin embargo, la Abogacía del Estado dejó claro que la normativa electoral no permite alargar tanto los tiempos. Rajoy lo tiene muy complicado para convocar elecciones después de noviembre, si no quiere ver frustrados sus planes para cerrar la legislatura, como aprobar los nuevos Presupuestos.
Ya que no puede apurar los plazos, Rajoy parece decidido a exprimir los números, lo que explicaría la euforia del último Programa de Estabilidad, que dibuja otros tres años de crecimiento récord garantizando la persistencia de impulsos como el crudo barato o el euro depreciado. Tras tan forzadas cifras, actúa algo más que el lícito propósito por sacar pecho de una gestión económica meritoria. Delata el error de Rajoy de jugárselo todo al PIB, mientras permite que los factores que realmente pueden propiciar su debacle electoral, como la rebelión interna que descompone su Gobierno, proliferen sin control.
