Fue el político italiano Mario Andreotti quien dijo que "el poder desgasta, pero el desgaste es aún mayor cuando no se tiene". El desastre electoral que se barrunta en las próximas elecciones autonómicas y municipales en las filas del PP comienza a cuartear el Gobierno.
Los ministros se preparan para dejar el Ejecutivo sin esperanza de ser reelegidos para otros cuatro años. En sus equipos cunde el nerviosismo y el desasosiego por temor a la pérdida de poder ("mandar es bueno, mi señor, aunque sea a un hato de ganado", decía Sancho a Don Quijote) .
El registro de domicilio de Rodrigo Rato y su posterior detención exprés destapó la trama de luchas intestinas por renovar el PP, si es necesario, con la salida de Rajoy. Hace meses que por los pasillos de La Moncloa ronda la teoría, como si un vendaval de aire frescor intentara adueñarse del Palacio, de que hay que acabar con la vieja guardia del partido (toda ella corrupta) si se quiere ganar los comicios de noviembre. Sus grandes defensores son el grupo de ministros tecnócratas, cuyo principal exponente es la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.
Secretos y filtraciones
La investigación sobre Rato se llevaba en secreto hasta que alguien decidió filtrarla a la prensa para forzar los registros de los agentes de Aduanas, pertenecientes a la Agencia Tributaria en el domicilio del exvicepresidente y ministro de Economía, para evitar la posible destrucción de datos. La Agencia había remitido el expediente a la Fiscalía Anticorrupción en febrero, que lo devolvió por falta de pruebas consistentes. Ante las filtraciones, lo envió a la Fiscalía de Madrid, que lo remitió a su vez a un juez de guardia para ordenar con urgencia los registros.
Los dos principales sospechosos de la filtración son el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro. La opción de este último cobró fuerza esta semana, a medida que se conocieron en detalle los hechos.
Casualmente, ¿o no?, el registro se produjo el mismo día en que el PSOE presentaba en el Congreso una reprobación contra el titular de Hacienda por su relación con Equipo Económico. Una sociedad en la que trabajan excolaboradores y familiares del ministro, acusada de presionar a la Administración para obtener determinadas ventajas para sus clientes. El caso Rato sepultó la información sobre Equipo Económico.
Resulta, además, extraño que se forzara la actuación de los agentes de Aduanas sin informar a la Policía, que jamás habían realizado antes el registro del domicilio de un particular acusado de blanqueo de capitales o apropiación de ilícita de bienes. Su cometido es perseguir el contrabando.
La sospecha principal proviene del informe presentado a la Fiscalía para ordenar los registros, que salió de Hacienda. El documento está firmado por la directora de la Oficina contra el Fraude (Onif), Margarita García Valdecasas, y el jefe de Inspección, Luis María Sánchez. La primera es una persona de confianza del presidente de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, y el segundo del propio Montoro.
El informe contiene párrafos enteros copiados del argumentario elaborado por el hermano del director de la Agencia Tributaria, Rogelio Menéndez, que trabaja en el Gabinete de Montoro. El ministro conocía de antemano lo que iba a pasar, pero no informó a Rajoy, quien muy probablemente hubiera desaconsejado actuar de manera tan precipitada.
Premonitorio Montoro
Las declaraciones de Montoro durante la mañana previa a la detención sonaron premonitorias. "La Ley está por encima de nombres y apellidos", apuntó el ministro desde la tribuna del Congreso, tras conocerse la investigación sobre Rato.
Cuando los agentes de Aduanas llegaron para practicar la detención del político se encontraron con las cámaras de televisión en la puerta de su casa. Los muros del viejo palacio gubernamental, perteneciente en el SXVI a la duquesa de Cifuentes, se vinieron casi abajo cuando se conoció que la idea de dar el aviso a las televisiones había partido del secretario de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón. Un hombre adscrito a la Presidencia y próximo a Santamaría.
Rajoy confesó a los empresarios del Foro Puente Aéreo, ante una pregunta de la presidenta de Bankinter, María Dolores Dancausa, que se enteró en el último momento de los registros de su anterior colega en el Gobierno de Aznar. Entonces, ¿quién autorizó a Ayllón para correr la voz en las televisiones? El escándalo se organizó a espaldas del presidente o, aún peor, a sabiendas de que causaría un devastador efecto a un mes de las elecciones autonómicas.
Horas antes, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, instaba en Madrid a la autocrítica y advertía de que ante una debacle electoral habría que poner en revisión todo en el PP. El golpe palaciego estaba en marcha. Rajoy intenta pasar página, pero será difícil.
Guerra abierta entre Montoro y Guindos
