Rodrigo Rato se enfrentó ayer al segundo día de registro policial en su despacho, durante una jornada en la que todas las cuentas, depósitos o fondos a nombre del vicepresidente quedaron bloqueados por el juez. Son nuevos pasos coherentes con el desarrollo de una investigación de unas operaciones, protagonizadas por Rato, que se revelan de un calado cada vez mayor.
Tal y como informa hoy este diario, no sólo está en tela de juicio el origen de los capitales que regularizó aprovechando la amnistía fiscal decretada en 2012. Con posterioridad a lo que el Ejecutivo denominó "proceso de regularización fiscal", en el año 2013, el exdirector gerente del FMI inyectó 7,5 millones de euros en una firma llamada Vivaway Limited, de la que ahora es el único accionista, gestionada desde Gibraltar. El hecho de que este último territorio esté identificado como paraíso fiscal no constituye el verdadero quid de la cuestión. Operar en la colonia británica (o en territorios con un régimen tributario afín) no es, de por sí, ninguna ilegalidad y, además, Vivaway está domiciliada en Londres. Una vez más, lo que realmente interesa a Hacienda, y lo que Rato debe explicar, es el origen de esos 7,5 millones inyectados en la firma. El esclarecimiento es de suma importancia, no sólo debido a que ese capital no se encuentra todavía regularizado ante el fisco español.
Además, la sospecha de alzamiento de bienes que pesa sobre él resulta especialmente grave, dada su implicación en el caso Bankia y la expectativa de las elevadas fianzas y compensaciones a las que debería hacer frente en el futuro. Como recordó ayer el ministro Cristóbal Montoro, el imperio de la ley rige para todos y Rodrigo Rato debe ser sometido a una investigación a fondo.
