Se imagina un negocio donde no hubiera competencia, en el que tuviera un control absoluto de los precios y una cifra millonaria de clientes asegurada? Seguramente pensará que eso es imposible. Pues se equivoca, sí que existe. Así es el sector de la televisión privada en España, en el que dos grandes cadenas, Mediaset y Atresmedia, se reparten el 90 por ciento de la cuota de mercado sin posibilidad de entrada de más operadores, gracias a un control indirecto tanto de los medidores de audiencias como de las agencias de publicidad.
Mientras la crisis continúa para radios y otros medios en papel o Internet, con los precios de publicidad hundidos, en televisión crece ya el 11 por ciento y beneficia sobre todo a las dos grandes cadenas.
Una situación de ilegalidad, que la autoridad competente hubiera tardado dos minutos en acabar con ella mediante la apertura de un expediente de competencia y que se prorroga de manera arbitraria en el tiempo gracias a la protección de los distintos gobiernos y a la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, con intereses en el sector.
El Gobierno de Rodríguez Zapatero se encargó de suprimir la publicidad del grupo público RTVE para acallar las críticas de las dos grandes cadenas, primero a su negativa a reconocer la crisis, y después a las medidas erróneas, que estuvieron a punto de conducirnos al rescate. El Ejecutivo de Rajoy, lejos de deshacer el trato de favor, lo incrementó. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría aprobó la fusión de La Sexta y Antena 3, pese al informe contrario de Competencia. En la actualidad, ante la fuerte presión de los dos grandes grupos, se dispone a introducir una enmienda para impedir que el Tribunal Supremo anule la concesión de casi otra media docena de canales.
Tanto Mediaset como Atresmedia arremetieron contra el Gobierno después de que el Supremo los obligara a desprenderse de ocho canales de TV. Como reacción, las segundas marcas de ambos grupos (Cuatro y La Sexta) abrieron sus platós a personajes como Pablo Iglesias, que acabaron pasando factura electoral al PP. Ahora vuelven a la carga en vísperas de los comicios municipales, autonómicos y generales con el objetivo de recuperar lo que consideran que es suyo: los canales que el Supremo les obligó a cerrar. Las presiones van dirigidas, además de a la introducción de la citada enmienda, a la devolución de los canales a las privadas mediante pública subasta. Con excepción de 13TV, perteneciente a la Iglesia, han desaparecido el resto de grupos que puedan hacer sombra a Mediaset o Atresmedia.
El retorno de los canales agravaría la actual situación de monopolio, en lugar de aprovechar para la introducción de una cláusula que favorezca la aparición de nuevo grupos de comunicación en el sector.
Para mayor gloria, las teles cuentan con la complicidad de los principales periódicos nacionales (El País, El Mundo, ABC o La Razón), ya que todos pertenecen a grupos empresariales, dueños de algún canal de televisión, que explotan mediante el alquiler. Este es el caso de Unedisa, que ingresa alrededor de tres millones de euros anuales por la cesión del canal por el que emite 13 TV. La mayoría de los periodistas, a sueldo de las tertulias de estas dos cadenas, mantienen un silencio cómplice sobre el asunto, al igual que los políticos, por temor a las represalias.
En la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), que preside José María Marín, se vigila estrechamente a las televisiones. Pero aquí también cuentan con aliados insospechados. "Si no hemos abierto un expediente de investigación es porque nadie los denuncia", arguyen. La única demanda presentada por parte de Intereconomía se retiró gracias a un pacto con las dos teles para compensarla económicamente. Por último, el montante de las sanciones es anormalmente bajo, alegan. Tan ridículo, que compensa saltarse la legislación, como ha hecho últimamente Paolo Vasile en Mediaset. Las teles no pueden vivir al margen de las reglas de mercado que son válidas para el resto de empresas.
P. D.- El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, rectificó a su economista de cabecera, Luis Garicano, sobre su intención de paralizar las obras de AVE. España es el segundo país del mundo por kilómetros de AVE construidos después de China y el servicio está infrautilizado. Pero después de gastarse 40.000 millones, parece incomprensible detener el último tramo de 15.000 millones y dejar a medio de construir las líneas en marcha. No hay otro remedio que concluirlas. Ahora sólo queda aplicar fórmulas de mercado para rentabilizar lo construido, como hace la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Garicano hace un flaco favor a Rivera en vísperas de las elecciones municipales arremetiendo contra el AVE o volviendo a defender el rescate. Dos errores de bulto, que debería corregir.
