Pensé que después de tantos años de crisis, en los que hemos tenido que asumir el coste de la corrupción, acabaríamos con esta práctica. Pero me equivoqué. El Gobierno cesó esta semana al presidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, por empeñarse en adjudicar antes de tiempo los contratos del cementerio nuclear que se construirá en Villar de Cañas (Cuenca).
Aparentemente, las prisas se debían a las presiones de la presidenta de Castilla La Mancha, María Dolores de Cospedal, por colocar la primera piedra antes de los comicios autonómicos. Pero no fue así. El expresidente de Enresa, Francisco Gil-Ortega, planeaba otorgar el concurso a Dragados, una sociedad del grupo ACS, por la módica cantidad de 180 millones. Y digo módica porque la cifra es inferior en más de 80 millones al precio de licitación. ¿Dónde está, entonces, el problema? En que el contrato se iba a adjudicar antes de conocer los informes del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sobre la viabilidad de la instalación.
Una treta utilizada en el pasado hasta la saciedad por las constructoras, con la complicidad de la Administración, para inflar el importe final de los contratos, a través de los famosos modificados. El paradigma más cercano es el del almacén de gas Castor, ubicado en la costa entre Castellón y Tarragona. La instalación se presupuestó en poco más de 600 millones y acabó costando 1.400 millones, más del doble.
¿Qué ocurriría si el informe del CSN fuera negativo?, ¿quién hubiera sufragado el futuro cementerio nuclear en caso de que, finalmente, no pudiera levantarse como ocurrió con el Castor? Todos nosotros, con nuestros impuestos. Casualmente, es el grupo constructor ACS, presidido por Florentino Pérez, el beneficiario de ambas operaciones. El manto de silencio con el que tapan un asunto tan feo la mayoría de los medios de comunicación resulta sospechoso.
En esta ocasión, fue la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quien forzó la dimisión de Gil-Ortega, harta de ver cómo éste despedía uno por uno a todos los profesionales que se oponían a la adjudicación exprés, ante la pasividad del titular de Industria, José Manuel Soria.
Gil-Ortega fue alcalde de Ciudad Real y un hombre muy cercano a María de Cospedal y su marido, Ignacio del Hierro. Pero su designación depende del titular de Industria, al igual que la designación de su sucesor, Juan José Zaballa. Su nombramiento viene precedido de polémica, ya que está acusado de favorecer a su mujer como director general de Paradores Nacionales con la adjudicación de un puesto en la última edición de Fitur.
Tanto desde Paradores como desde el Gobierno se niega el presunto nepotismo de Zaballa. Su elección obedece a que es uno de los hombres de confianza de Soria y excompañero de promoción. Pero entrar en un nuevo conflicto para arreglar otro no suele ser la mejor solución. Industria debería haber buscado en este caso un gestor ejemplar para erradicar cualquier género de duda.
Hace unas semanas, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, intervino para impedir la venta de Indra a un fondo británico a precio de derribo. En aquella ocasión, las presiones partieron del exministro de Defensa, Eduardo Serra, con la complicidad del actual secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, y con la vista gorda del mismísimo titular de Defensa, Pedro Morenés. Los responsables políticos continúan inexplicablemente en sus puestos, como si nada hubiera ocurrido.
En un país serio, el Gobierno hubiera abierto ya una investigación en profundidad sobre lo sucedido para depurar responsabilidades. Como se debería hacer con Enresa. Pese a los numerosos casos de corrupción, la Administración sigue sin contar con instrumentos rápidos para castigarla.
La Ley de Transparencia es un paso en la buena dirección. Pero sorprende que a estas alturas la legislación no impida la revisión al alza de los contratos públicos, al estilo del Canal de Panamá, donde cualquier modificación está sujeta al visto bueno de un órgano de arbitraje rabiosamente independiente. La corrupción es el caldo de cultivo que alimenta el ascenso de movimientos populistas como Podemos o de la insuficiente mayoría que puede cosechar Susana Díaz en Andalucía. El terreno está abonado para que resurja en cuanto se incremente el presupuesto público.
P. D. Como adelantó elEconomista esta semana, el problema griego entra en vías de solución. El Eurogrupo se dispone a alargar los plazos para que su líder, Alexis Tsipras, presente un programa creíble para el cumplimiento del déficit. Con Grecia bajo control, el nacionalismo catalán mermado y Podemos en dificultades para defenderse, se despejan las trabas para que la economía española selle un año récord de crecimiento y empleo, como ya barrunta la bolsa.
Un cementerio nuclear sin informes para ACS
