Desde la toma de control de Endesa por parte de la italiana Enel no habíamos visto una operación de acoso y derribo como la conocida esta semana sobre Indra, que se saldó con la salida de su presidente, Javier Monzón. El fondo británico Hanson pretendía hacerse con el control de la empresa de tecnologías de información española a precio de saldo. Todo comenzó en realidad hace unos 18 meses, cuando el ministro de Defensa, Pedro Morenés, llamó a Monzón a su despacho para comunicarle que no contaba con su apoyo, porque no había una línea de colaboración adecuada. Monzón replicó que estaba dispuesto a cambiar lo que fuera necesario para mejorar la relación con Defensa. Sus contratos representan alrededor del 12 por ciento de la facturación anual de Indra. Pero era obvio que el ministro tenía ya tomada la decisión.
Desde ese momento empezó un vía crucis para el directivo, que culminó esta semana con su cese. El ya expresidente llamó también a la puerta del secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, en busca de repuestas. Pero se topó de nuevo con un muro de silencio. Argüelles mantiene, en ocasiones, intereses encontrados con su ministro. En esta ocasión no fue así.
Pronto apareció en escena un fondo de inversión, Hanson, interesado en adquirir el 20 por ciento en manos del Estado, aprovechando su caída de alrededor del 50 por ciento en bolsa. Su representante en España, Antonio Hernández-Mancha, exsecretario general del PP, iba acompañado de otro ex de peso, Eduardo Serra, actual presidente de la Fundación Everis. El exministro de Defensa es conocido por poner y quitar a los ministros del ramo gracias a su excelente relación con el Rey Juan Carlos, a quien el Gobierno de turno siempre consulta el nombramiento del titular de Defensa como jefe de las Fuerzas Armadas. Era evidente que los intereses de Serra y de Morenés, que se mueven en los mismos ambientes selectos de la alta burguesía, coincidían.
El tercero en discordia fue Santiago Foncillas, hijo del expresidente de Dragados y miembro de Advisia, una consultora especializada en telecomunicaniones, energía y medios.
Los tres se repartieron sus funciones. Foncillas se encargó de filtrar a confidenciales todo tipo de informaciones sediciosas sobre Indra y sobre la inestabilidad de su presidente para forzar su marcha.
Serra y Hernández-Mancha, en el papel de posible sucesor de Monzón, movieron los hilos políticos. Lograron que los recibiera Mariano Rajoy. El presidente se puso de canto, como suele ser habitual, y pasó la pelota al titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien a su vez consultó con Ramón Aguirre, presidente de la Sepi, dueña del paquete estatal.
Aguirre se negó en redondo a vender con minusvalías, después de verse obligado a provisionar más de 30 millones por las caídas bursátiles. La Sepi entró a alrededor de 10 euros por título en sustitución de la antigua Caja Madrid para evitar que cayera en manos de la francesa Thales, que rondaba desde hace tiempo a Indra. Después de un momento inicial en que la acción se encaramó a los 13 euros, se produjo un desplome, hasta menos de 8 euros. Serra y Hernández-Mancha pasaron al ataque y acusaron a Aguirre de convertirse en el protector de Monzón.
El descalabro en bolsa lo propició el resultado del tercer trimestre, muy inferior al esperado. Monzón había decidido sustituir a su mano derecha, el consejero delegado Regino Moranchel, cuando cambió de color el Gobierno ante las reticencias de algunos miembros del PP. Un error que acabó pagando caro. El elegido para el puesto falleció repentinamente antes de asumir el cargo y éste recayó en un joven y avispado directivo, Javier de Andrés. Un hombre muy cualificado y conocedor a fondo de Indra, aunque con menor experiencia en la gestión.
Los recortes en Defensa y la profunda crisis española asfixiaron los márgenes de Indra, que además tuvo que soportar el retraso en el pago a proveedores. Monzón aguantó estoicamente la plantilla sin acometer ajustes por recomendación del Gobierno, lo que lastró más las cuentas. La entrada en Brasil, en un momento de ebullición, dio la puntilla a los resultados, en cuanto comenzó a desinflarse la burbuja. El tándem que durante más de veinte años había funcionado a la perfección con Moranchel se rompió. Monzón y De Andrés acabaron con reproches mutuos.
Los fundamentales de la compañía son buenos y rápidamente recuperables en la nueva coyuntura económica. Los compradores los conocen y por eso recurrían a todo tipo de argucias para entrar a precio de derribo. Foncillas es socio de Josep Pujol, uno de los hijos del expresidente de la Generalitat, que trabaja para Indra desde hace años.
Afortunadamente, el Gobierno se puso en guardia. Las cuantiosas pérdidas de RTVE, que propiciaron el cese fulminante de Leopoldo González-Echenique, impedían a la Sepi abordar la venta de Indra con minusvalías. Paradojas de la vida. La férrea ortodoxia de Montoro en asuntos monetarios acercó su postura a la de Ramón Aguirre. Acordaron pedir ayuda a Telefónica, para pertrecharse ante la posible entrada de un socio hostil. Alierta aceptó el envite, pero dejando claro que sólo adquiriría alrededor del 5 por ciento.
El propio presidente de Telefónica se lo confirmó a Monzón, que acudió en peregrinación a su despacho para recabar apoyo. Alierta le comunicó que no podía hacer nada para salvarlo de la quema y le confirmó que el Gobierno buscaba un sustituto. En realidad, no había otra salida. Los malos resultados y la drástica bajada en bolsa dejaron sin argumentos para su defensa tanto a Aguirre como a Montoro, después de sostenerlo más de un año entre presiones de todo tipo.
Esta misma semana, Expansión abría en portada que Telefónica tomaría el control de Indra, para tratar de traspasar la responsabilidad de la operación a una empresa privada. Una estratagema de comunicación, en la que el rotativo salmón cayó como un elefante en una trampa para niños.
El Gobierno buscó la complacencia de los socios de la tecnológica. El nombramiento de Fernando Abril-Martorell como presidente esta semana se impuso al de otros candidatos oficiales gracias al apoyo de los March, uno de los principales accionistas. Abril-Martorell cumplía el perfil de gestor con larga trayectoria y una currículum de buenos resultados a sus espaldas.
Los mercados premiaron con subidas del 20 por ciento los cambios en Indra, magníficamente orquestados desde Hacienda y la Sepi para evitar que una empresa de referencia cayera en manos de tiburones financieros, dispuestos a trocearla y revenderla al mejor postor con pingües beneficios. Serra, Hernández-Mancha y Foncillas son dignos representantes de esa casta que denuncian los de Podemos, muñidores de contactos para repartirse comisiones. Afortunadamente, en esta ocasión, no se repitieron los errores de la etapa Zapatero.
La misma política en que caeríamos si Pablo Iglesias llega al poder algún día. El líder de Podemos es víctima de sus críticas. Sus dos hombres de confianza, Juan Carlos Monedero e Íñigo Errejón, han sido apartados de la Universidad. El propia Iglesias y su número tres, Monedero, están bajo sospecha de lucrarse para su beneficio de cantidades, que ni siquiera fueron declaradas al fisco. Imagínense qué pasaría si tuvieran bajo sus tutela a las grandes empresas españolas. Montoro debe investigar a fondo las irregularidades y el peso de la ley debe caer sobre ellos, al igual que ocurre con los dirigentes de otros partidos.
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