
El 2014 será historia en unos días. El Gobierno de Rajoy cumplió tres años de legislatura con un balance económico bastante aceptable, en líneas generales, como señaló este viernes el presidente.
España dejó atrás la mayor crisis de la historia contemporánea, aunque el paro descienda con cuentagotas, el nuevo empleo sea temporal y precario (de momento) y el ciudadano tema aún revivir las peores circunstancias de la depresión de los últimos tiempos.
Es obvio que el Gobierno no sabe trasladar la mejoría económica a la gente. Todo lo contrario, la corrupción alimenta la impresión de que seguimos instalados en una crisis social y política, en la que unos pocos se aprovechan del trabajo de la mayoría.
El culpable es Rajoy. Sus decisiones a cámara lenta permitieron que Ana Mato aguantara más de dos años como ministra de Sanidad, al igual que la ya exalcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, quien no dimitió hasta esta semana, por citar dos casos sonados. El paquete de medidas contra la corrupción se aprobó hace sólo unas semanas, después del desplome del PP en las encuestas, y adolece de penas severas a los culpables.
Hasta el Rey Felipe VI clamó en su primer discurso navideño por una actuación más decidida contra la corrupción, que "debemos cortar de raíz y sin contemplaciones", dijo.
El PP prácticamente desaparece en Cataluña debido a su política radical; no levanta cabeza en Andalucía por el error de Rajoy de poner el frente del partido a un desconocido como Manuel Moreno Bonilla; perderá Extremadura, donde su socio IU desaparecerá ante el avance de Podemos, tras ser demasiado indulgente con los viajes sin justificar de José Antonio Monago. Y lo peor: Valencia y Madrid, sus dos bastiones, están en la cuerda floja.
En Valencia, la política errática de Alberto Fabra lo llevó primero a suprimir la televisión y luego a prometer su reapertura en un futuro, que él jamás verá como presidente. Esta misma semana dio carpetazo a la búsqueda de culpables por los miles de millones de facturas sin pagar acumuladas en los cajones.
Con Fabra o sin él, es casi imposible que vuelva a gobernar ni en la Comunidad Valenciana ni siquiera en el Ayuntamiento, donde repetirá Rita Barberá, corresponsable junto a Francisco Camps del estado de quiebra económica en que está la autonomía.
En Madrid, espera a la resolución de la demanda judicial sobre Esperanza Aguirre para decidir los candidatos, aunque la impaciencia de los aspirantes es notable. Nadie se atreve a mover un dedo ni a organizar un evento hasta que el presidente mueva ficha. ¿Llegará a tiempo para salvar los muebles?
En medio de este panorama, el mensaje es que aún hay tiempo de reaccionar y que la mejora de la economía ha comenzado a notarse en los hogares. Pero la realidad es muy distinta. El Gobierno, sabedor de que el PIB no gana elecciones, empezó a tirar la casa por la ventana. La única manera de que la recuperación llegue a la calle es meter el dinero público en el bolsillo de los ciudadanos que lo pasan peor.
Rebaja de impuestos
En enero de este año entrará en vigor la rebaja de impuestos, que favorecerá, sobre todo, a las clases más humildes. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de perdonar 6.900 millones a las autonomías en ahorro por el pago de los intereses, de los que más de 2.000 millones corresponderán al próximo año en ahorro, para que éstas no tengan que afrontar más ajustes en el momento en que muchas de ellas renuevan sus gobiernos.
El propio Rajoy cerró con los agentes sociales un acuerdo que garantiza el cobro de una renta mínima (casualmente, una de las promesas sobresalientes de Podemos) de 426 euros al mes a casi medio millón de españoles.
La titular de Empleo, Fátima Báñez, quiere, además, reducir a la mitad las peonadas para poder acceder al PER, como buena andaluza. Asimismo, acaba de incrementar el salario mínimo y de prorrogar hasta marzo la tarifa plana para las micropymes. Un conjunto de esfuerzos que, en palabras de Rajoy, "son posibles porque España ahora se lo puede permitir". Y es cierto que el anunciado despegue económico se debería producir en 2015, pero la duda es cuánto durará o si será siquiera efectivo.
El mayor riesgo proviene, en estos momentos, de la inestabilidad política, como advirtió el presidente, en una velada mención a Podemos. El desplome del PSOE, ante las permanentes contradicciones de su líder Pedro Sánchez, amenaza con acabar con el bipartidismo para siempre. El derroche de Zapatero pondrá el broche a más de cien años de socialismo.
Una situación que coloca a Rajoy ante la necesidad de alcanzar una mayoría holgada para seguir gobernando. Por eso, consciente de que la economía le ayudará, pero es insuficiente para ganar, comenzó a echar mano del discurso del miedo a la inestabilidad. Pero no será suficiente sin decisiones más contundentes contra la corrupción y si abandona el camino de las reformas económicas.