La mutualización del pasivo autonómico supone reconocer que su nivel sólo es manejable si el Estado lo absorbe. Hacienda no hizo uso de los sistemas de control que tenía a su alcance y el problema se le ha escapado de las manos.
El camino hacia la mutualización de la deuda autonómica presente y futura está ya abierto. El ministro Cristóbal Montoro confirmó ayer que se presentará en el Consejo de Política Fiscal de la semana que viene con la propuesta de eximir del pago de intereses a todos los beneficiarios del Fondo de Liquidez y de los planes de pago a proveedores.
A partir de ahí, la veda del interés nulo se abre para todas las autonomías mediante el nuevo mecanismo que les permitirá financiarse a través del Tesoro sin coste alguno.
El camino que ha llevado al Estado a verse forzado a asumir el pasivo autonómico ha sido largo, y en su transcurso no ha dejado de crecer. No en vano Hacienda se ha obstinado en buscar mecanismos para que el aumento de la deuda fuera asumible, en lugar de hallar medios para atajarla. Como resultado, el Fondo de Liquidez se convirtió en una vía rápida para conseguir crédito barato respecto al mercado, que pareció inagotable. Lo pueden atestiguar Cataluña y Valencia tras haber obtenido del Fondo 31.885 y 20.525 millones sin contrapartidas.
El Estado empezó a reconocer que la deuda que el propio FLA generaba era impagable en julio cuando redujo los intereses al 1 por ciento y amplió plazos.
La mutualización confirma que la envergadura del pasivo es peligrosa y necesita del pleno respaldo estatal para no provocar alarma en los mercados y para que no socave el objetivo de estabilidad del sector público. El margen de maniobra se malgastó y ahora, en vísperas de elecciones y con el plazo agotado para renovar el sistema de financiación autonómico, es mínimo.
Hacienda no hizo uso de los sistemas de control que tenía a su alcance y el problema se le ha escapado de las manos.
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