El expresidente de Caja Madrid postergó todo criterio financiero en su gestión en pro de la creación de una red clientelar.
Son muchas las cifras que han emergido en los últimos días que sirven para calibrar el alcance del escándalo de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Con todo, conviene diferenciar las que son realmente importantes, en la medida en que explican el verdadero significado de este caso. Más allá de la cantidad de dinero que se ha evadido (15,5 millones), del número de beneficiarios de estos sobresueldos en B (86 personas) o del cómputo de los años en los que este entramado de irregularidades estuvo vigente (una década), es más significativa la enorme proporción que corresponde a representantes de partidos, alcaldes, concejales y a los sindicatos entre los destinatarios del manguerazo de dinero para gastos personales.
Viendo además cómo han dilapidado el dinero nuestros representantes se entiende perfectamente que las cajas no hayan podido sobrevivir a su presencia en los órganos de gestión. De partidos políticos y sindicatos proviene el 67 por ciento de los titulares de las tarjetas utilizadas para evadir al fisco, 55 personas en términos absolutos. El gran peso de políticos y sindicalistas deja el desnudo el propósito que el expresidente de la entidad, Miguel Blesa, y sus más directos colaboradores buscaban con todo ese entramado: asegurar un apoyo político que sostuviera a Blesa. Una estrategia que le sirvió para seguir en el poder cuando perdió la confianza de la entonces presidenta autonómica, Esperanza Aguirre.
En el contexto de esta estrategia, los intereses de los clientes de Caja Madrid tenían muy poco que ver, de igual manera que los gastos en joyería, restaurantes de lujo, hoteles de cinco estrellas o balnerios no guardan relación con ningún plan de gestión.
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