El sistema de Seguridad Social tiene un grave problema de ingresos, igual que le sucede al Estado con la recaudación por impuestos.
Por esta razón, como se decía en las páginas de elEconomista el pasado miércoles, el Gobierno no tiene más remedio que echar mano de la hucha de las pensiones para compensar el efecto del desempleo sobre las cuentas del sistema. Al problema coyuntural de la Seguridad Social -menos trabajadores en activo son menos cotizantes- se une un problema estructural, que es evidente desde que se ha empezado a recuperar el empleo y la afiliación.
En el primer semestre de este año los afiliados aumentaron en 511.358 ocupados, un 1,7 por ciento, pero los ingresos por cotizaciones sólo aumentaron un 1 por ciento y el conjunto de la recaudación cayó un 1,1 por ciento. La creación de empleo se concentra en minijobs que cotizan al mínimo. A ello se añade el efecto de la tarifa plana de 100 euros que se aplica desde principios de año a los nuevos contratos indefinidos con independencia del salario.
La disminución del volumen del Fondo de Reserva genera menos ingresos patrimoniales y existe un grave problema de economía sumergida que no se combate con eficacia ni figura entre las prioridades del Ejecutivo. Esta es la situación pese a que las cuotas sociales en España son las cuartas más elevadas de la eurozona.
El Gobierno no ha bajado las cotizaciones y ha seguido una política de parches que no sirve para reducir la economía sumergida, el gran enemigo del sistema. En un contexto de débil crecimiento, bajos salarios y cuotas altas difícilmente se podrán enderezar los ingresos del sistema si no se aborda una reforma que al tiempo que baje cuotas aumente los ingresos.
Menos ingresos pese a la creación de empleo
