La economía española acumula ya un año en crecimiento (fue en el verano pasado cuando salió de la recesión) y crea empleo mes tras mes, pero lo cierto es que la recuperación apenas se nota en las cuentas de la Seguridad Social. De acuerdo con los datos del Ministerio de Empleo, los ingresos totales de esa Administración acumularon, ya en el primer semestre de este año, un retroceso del 1,1 por ciento con respecto al nivel que presentaban en idéntico periodo de 2013, cuando el PIB todavía se contraía.
En números absolutos, fueron 59.135 millones los que llegaron a las arcas de la Seguridad Social entre enero y junio, expresados en términos de caja (es decir, contabilizando los ingresos efectivos, sin tener en cuenta los que están comprometidos pero no se han desembolsado); el año pasado fueron 59.795,2 millones.
Si, más allá de la contabilidad de caja, se tienen en cuenta esos derechos reconocidos que aún no se han materializado en verdaderos pagos, la situación, lejos de mejorar, empeora: 61.525,3 millones en 2014 frente a los 64.658,7 de 2013, casi un 5 por ciento menos.
Las disminuciones tienen mucho que ver con el hecho de que el Estado está inyectando este ejercicio menos dinero en forma de transferencias. Con todo, el grueso de los activos de la Seguridad Social procede del pago por cotizaciones sociales que hacen los trabajadores y las empresas y este capítulo muestra una curiosa insensibilidad a la creación de empleo que España experimenta de forma especialmente intensa desde febrero pasado.
La recaudación por este concepto apenas se ha inmutado en el primer semestre de este año, dado que ha crecido un magro 1 por ciento interanual, que contrasta con los más de 500.000 puestos de trabajo creados en la primera mitad de este año (casi un 2 por ciento al alza con respecto al mismo periodo del año pasado). El mencionado 1 por ciento es la diferencia que media entre los 47.901,5 millones de euros logrados entre enero y junio de 2013 y los 48.381,9 propios de idéntico periodo de 2014.
Falta de rendimiento
No rinde más la creación de empleo, pese a que los impuestos que gravan el trabajo en España son los cuartos más elevados de la zona del euro, un aspecto sobre el que la reciente reforma fiscal, además, ha pasado de puntillas.
Lo decisivo, con todo, radica en que una parte importante de esa generación de puestos de trabajo ha tenido que ser estimulada y eso ha acarreado costes.
Se nota, por tanto, el efecto de medidas como la tarifa plana de 100 euros mensuales durante dos años, en vigor desde principios de 2014, para la contratación indefinida de trabajadores (siempre que su incorporación suponga una ampliación de plantilla).
Pesa de igual manera el fomento del empleo a tiempo parcial que ha llevado a cabo la reforma laboral, en vigor desde hace ya más de dos años, bajo cuyo impulso está floreciendo un nuevo tipo de empleos que no son muy diferentes de los famosos mini-jobs alemanes. Y, ampliando más la perspectiva, no podía ser neutral el proceso de reducción de sueldos al que se ha visto sometido el mercado laboral español casi desde el comienzo de la crisis.
La 'hucha', todavía crucial
Un resultado de esta atonía de los ingresos, pese al despertar del empleo, es que también este año (en julio concretamente) el Ejecutivo tuvo que volver a echar mano del Fondo de Reserva, la más conocida como hucha de las pensiones, para asegurar el pago de las pensiones, y ya van doce desde 2012, ejercicio en el que el sistema de protección de los trabajadores, tras unos años resistiendo, entró finalmente en números rojos.
Además, está descontado que tampoco este año la Seguridad Social se librará de terminar el ejercicio en déficit. Ese agujero será del 1 por ciento del PIB, de acuerdo con las previsiones oficiales del Gobierno; es decir, un desequilibrio apenas dos décimas inferior al registrado en 2013.
Es más, no cabe hacerse ilusiones de que esta Administración vuelva, no ya a tener superávit al final del año (una meta que la crisis y el problema demográfico de España hacen sumamente difícil), sino a situarse en equilibrio hasta el año 2017, siempre según las estimaciones comunicadas por La Moncloa a la Comisión Europea.
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