Opinión

Así se cocina el pacto catalán

Artur Mas

Rajoy, Mas y los empresarios buscan la fórmula mágica para la consulta sin romper España.

Julio suele ser un mes muy fructífero desde el punto de vista informativo. Las empresas y las personas suelen confesar sus pecados en vísperas de las vacaciones, como si estas fueran una especie de purgatorio para expiar las culpas. Eso es lo que debió pensar el hasta ahora "muy honorable" expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol. Aunque su confesión abrirá la caja de los truenos. La Fiscalía pide las cuentas de su familia en Suiza y Andorra. Se supone que para comprobar que el dinero declarado corresponde con el evadido.

La primera interrogante es, efectivamente, ¿cuánto dinero tiene Pujol fuera? Algunos medios lo cifran en cuatro millones. Pero un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), perteneciente a la Policía Nacional, revela que posee una cuenta en el extranjero con 137 millones. El exhonorable podría haber recibido parte del 3 por ciento de comisión que se exigió durante décadas por la concesión de infraestructuras. Pujol metió en el negocio de las comisiones a sus hijos varones, lo que explicaría la fortuna que éstos labraron en poco tiempo.

El escándalo del pujolismo acaba con el mito de la saga de los políticos de la transición honestos, como Manuel Fraga ó Adolfo Suárez, que se fueron a la tumba prácticamente con lo puesto, tras haber ocupado cargos relevantes durante muchos años. Sobre todo, es un golpe bajo al nacionalismo catalán, que vio en Pujol una especie de reencarnación de Rafael Casanova, el héroe que se conmemora en la Diada, porque antepuso sus ideales patrióticos a su propia vida, que entregó en la defensa numantina de Barcelona.

La vergüenza que debió pasar el president Artur Mas en la entrevista celebrada esta semana con Rajoy le obligó a quitar de la lista de peticiones una de sus principales reivindicaciones: la de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la instancia suprema a la que puedan recurrir los ciudadanos de la comunidad autónoma. Resultaba demasiado obvio lo que perseguía.

No creo que el escándalo sofoque las reivindicaciones independentistas, pero sí que modificará la hoja de ruta de Mas. Seguramente, ya habrá abandonado la idea de convocar unos comicios plebiscitarios si el Gobierno no autoriza su consulta. CiU correría el riesgo de desaparecer si se celebran elecciones en estos momentos.

Los comicios europeos corroboraron que la estrategia de Mas conduce a la victoria de Oriol Junqueras, líder de ERC. Un triunfo que agranda la revelación de Pujol. Eso explica por qué Mas dejó abierta la puerta al diálogo con Rajoy, pese a la negativa del presidente a autorizar la consulta prevista para el 9 de noviembre.

Tanto el presidente del Círculo de Economía, Antón Costas, como el de Foment del Trevall, Joaquim Gay de Montellá, presionan a Artur Mas para que no rompa el hilo del diálogo. Varios empresarios cercanos al presidente catalán aseguran que éste comienza a reconocer sus errores y parece dispuesto a buscar una salida de consenso.

El problema es que la solución pasa por modificar la Constitución y por pactar una cuestión que no comprometa la unidad territorial para celebrar la consulta. Sólo la consulta permitiría salvar la cabeza a Mas. Gobierno, Generalitat y empresarios trabajan sobre este esquema. Por eso, Rajoy y Mas dejaron abierta la negociación, pese a su posición equidistante.

Pero el camino está lleno de espinas. Rajoy debe ganarse antes el apoyo para su reforma del nuevo líder de PSOE, Pedro Sánchez, a quien recibió esta semana para forjar buenas relaciones. El calendario electoral está muy avanzado y dificulta cualquier pacto entre los dos grandes partidos antes de las autonómicas.

El primer consenso no escrito entre empresarios y políticos es que los temas de financiación autonómica se dejen para más adelante, como anunció ayer Rajoy. Básicamente, para no entorpecer la senda de consecución del objetivo de déficit comprometido con Bruselas. Entretanto, el Gobierno se compromete a facilitar la vida a las autonomías. Montoro anunció esta semana una rebaja de los intereses de la deuda, así como mayor flexibilidad en los pagos. Veremos cómo termina el experimento.

También el presidente de Endesa, Borja Prado, prefirió marcharse de vacaciones con los deberes hechos. El run run de que Endesa iba a quedarse sin el 60 por ciento de Enersis, que agrupa sus activos en Latinoamérica, planeaba en los medios de comunicación desde que el anterior mandamás de Enel, Fulvio Conti, en plena crisis de la subprime, concentró el crecimiento futuro del grupo en América. Con la llegada de Francesco Starace, la estrategia dio un giro de 180 grados, ya que considera que los que más pueden aportar a la cuenta de resultados son los mercados maduros de Italia y España, que mermaron su capacidad de producción por la crisis. Prado logró que las filiales americanas, aunque salgan de Endesa, queden bajo el paraguas de Enel Energy Europa, con sede en España, donde seguirá pagando sus impuestos. El propio Prado está en el consejo de esta sociedad, aunque no sea él quien la gestione.

Prado, a quien algunos habían dado hacía meses por despedido, se afianza hábilmente en el cargo de presidente de Endesa, que gestionará también Portugal y Marruecos.

El jueves pasado estaba emocionado con la perspectiva que se abría en la nueva etapa. "Después de cinco años de ajuste constante, nos habíamos quedado en el hueso -alegan fuentes españolas- y ahora volveremos a invertir de nuevo, en un momento en que la competencia en gas y electricidad para captar clientes está siendo feroz".

Endesa volverá a endeudarse para invertir y no tiene planes para achicar la plantilla en la sede madrileña por esta operación. Latinoamérica sólo absorbía alrededor de una docena de empleados en Madrid. Supongo que es el mal menor. De todas maneras, si hay que buscar un culpable, no es el presidente de Endesa, sino el Gobierno de Zapatero, que por decapitar a Manuel Pizarro dejó en manos extranjeras una empresa estratégica para los intereses en el exterior.

Me entristece también poder confirmar que el Banco Espírito Santo (BES) está mucho peor de lo que pregonaban sus gestores. El Gobierno portugués, que hace unas semanas descartó inyectar dinero en su capital, se plantea ahora destinar 4.000 millones para salvarlo del abismo.

Todo en torno al BES es un cúmulo de despropósitos, seguidos de una montaña de mentiras para tranquilizar a sus cada vez más empobrecidos inversores. El gobernador del Banco de Portugal, Carlos Costa, (como ocurrió con el del Banco de España en su día, Miguel Ángel Fernández Ordóñez), no supo prever la crisis. Permitió que el banco se endeudara en exceso con el holding propiedad de sus dueños, tardó en cambiar los gestores y en desterrar para siempre a la familia Espírito Santo. Esta semana se llevaba las manos a la cabeza, tras conocer las pérdidas de 3.600 millones. No me extraña, porque hace sólo unos días dio un comunicado en el que afirmaba taxativamente que su solvencia estaba asegurada. En estos momentos, es imposible calcular el agujero del BES, pero algunos analistas comienzan a sugerir que podría aproximarse a los 10.000 millones, cinco veces lo reconocido por la entidad. Si es cierto, es como para echarse a temblar.

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