Los ciudadanos con un poder adquisitivo medio alto, los que más aportan a las arcas del Estado y donde está el granero de los votantes populares, son los menos favorecidos por la reforma fiscal.
El Gobierno confiaba en la reforma fiscal para dar un impulso a su popularidad y mejorar la posición en los sondeos antes de las próximas elecciones. Pero el tiro puede salirle por la culata.
Los contribuyentes con rentas superiores a 100.000 euros son los que notarán más la rebaja de impuestos en 2015 en términos brutos, aunque comparado con 2011, cuando el PP llegó al poder, se produzca una pérdida de poder adquisitivo. Son los que ganan entre 30.000 y 100.000 euros los que percibirán menores rebajas. Es decir, los ciudadanos con un poder adquisitivo medio alto, los que más aportan a las arcas del Estado y donde está el granero de los votantes populares, son los menos favorecidos.
Pero lo que más preocupa es la medida introducida a última hora, a propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, de gravar los despidos. En realidad, hace tiempo que la Unión Europea exige al Ejecutivo que dé otra vuelta de tuerca a la reforma laboral. El Gobierno de Rajoy se había resistido hasta ahora, siempre negó que fuera a hacerlo. Pero los hechos desmienten sus palabras.
El nuevo gravamen supone un abaratamiento de los despidos, como pedía Bruselas, aunque sea por la puerta de atrás. Una medida necesaria, por otra parte, para incentivar la búsqueda de empleo y aligerar el peso del desempleo sobre el Estado.
Montoro debió de acoger la propuesta de Báñez con regocijo, porque es la manera de que la reforma tenga un efecto neutro en términos de ingresos. Rajoy también dio su visto bueno. Pero desde el mismo día de su anuncio se convirtió en polémica, porque para los ciudadanos que mantienen su empleo, la pretendida rebaja de impuestos se convierte en una amenaza para sus bolsillos. Y de nuevo se da la circunstancia de que el colectivo más afectado es el de remuneración más elevada y empleo indefinido, el votante popular.
El enfado entre la militancia es manifiesto. Muchos piensan que después de sufrir el castigo electoral por culpa del ajuste del gasto, ahora vendrá otro por el gravamen al desempleo. Rajoy tendrá que agarrarse a la esperanza de que la economía cree los suficientes empleos antes de las elecciones, porque los demás experimentos no van a funcionar hasta que los ingresos del Estado sean más sólidos.
Con quien el ministro de Hacienda se muestra demasiado tolerante es con la Corporación RTVE. Montoro prometió erradicar el agujero de la radiotelevisión pública después de tapar sus agujeros a comienzos de legislatura.
La promesa se quedó en agua de borrajas. El presidente del ente público, Leopoldo González-Echenique, renunció a recortar la plantilla a cambio de la supresión de algunos complementos. Con ello, logró acallar las protestas de los sindicatos, sobre todo de UGT, que acabó apoyando el convenio.
El grupo público de radio y televisión entró en causa de disolución el año pasado debido a las pérdidas y Montoro exigió medidas más firmes para volver a poner 130 millones. González-Echenique está dispuesto a cerrar Teledeporte, una de las fórmulas ya barajadas a comienzos del mandato del PP. Un plan insuficiente, teniendo en cuenta que sólo en pluses el personal de RTVE se reparte unos 90 millones anuales, una cifra equivalente a sus pérdidas anuales.
Para más inri, los patinazos en la programación están hundiendo su audiencia. Quizá haya llegado la hora de replantear el modelo de RTVE. Un ente público más pequeño y con audiencia de mayor calidad. Intentar mantener cuotas de pantalla masivas con el dinero de los contribuyentes se antoja un disparate muy caro. Sería, además, un mal ejemplo para el resto de teles públicas, que siguen aguantando pérdidas. La peor de todas, la catalana, con ocho canales, seguida de cerca por la andaluza.
elEconomista consiguió esta semana que el presidente de Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, renunciara a crear una fundación con dinero ajeno. De los Monteros se había trabajado a Villar Mir, a quien al parecer ofreció la presidencia del nuevo organismo a cambio de la generosa aportación económica.
El presidente del grupo OHL, uno de los empresarios con mejor trayectoria de nuestro país, ha emprendido una carrera loca por acumular galardones y cargos desde que fue imputado por la Audiencia Nacional en el caso Bárcenas. Se ve que Espinosa de los Monteros conoce bien su punto débil, aunque sería una imprudencia colocar al frente de una fundación para promover la Marca España a una persona señalada por la Justicia. ¡Es lo que nos faltaba!
Más en Opinión