La comunicación o el entretenimiento no pueden estar en manos del poder político.
Cuando en 2006 el Gobierno de Rodríguez Zapatero transformó el ente público RTVE en corporación mercantil estatal, más allá de cambios en su Consejo, composición y forma de elección, se produjeron cambios en su gestión dirigidos a ocultar los problemas financieros y de deuda que arrastraba la TV pública nacional y, aún peor, se obviaron sus verdaderos problemas de negocio y explotación.
No sólo se zanjaron las pérdidas y endeudamiento de ese año con diversas transferencias extraordinarias de fondos públicos presupuestarios y otros; también se quitaron de en medio los más de 8.000 millones de euros de deuda acumulada hasta entonces por RTVE, que fueron absorbidos por el Estado, y se ocultaron sus auténticas cuentas mediante un sistema de contabilidad separado y diferenciado entre lo que se denominaban actividades de servicio público y actividades comerciales.
Además, los contribuyentes pagamos cada año la prejubilación de los 4.150 trabajadores de más de 52 años afectados en aquel ERE, con el 92 por ciento del sueldo.
Tras el bloqueo impuesto por el propio sistema para elegir al presidente de RTVE y el eterno desacuerdo de los principales partidos, al poco de llegar Mariano Rajoy al Gobierno se cambió el sistema de elección y representación en el Consejo de la Corporación, pero sin abordar el verdadero problema, económico y democrático, como es el de un medio de comunicación en manos del poder político.
De modo que RTVE ha continuado con sus cuantiosas pérdidas de gestión, negocio y de producto (reflejado en la audiencia), todo ello enmarcado y ayudado por los nuevos cambios tecnológicos que permiten disponer, por diversos medios técnicos y escaso coste, mínimo si consideramos la factura telefónica, de multitud de canales que diversifican la oferta de contenidos y el propio uso de la televisión por parte del público.
En 2013, además del presupuesto a cargo del Estado y otras aportaciones ha habido que meter 130 millones extras de rescate para RTVE.
Pero es que con las autonómicas pasa otro tanto: en 2013 se les subvencionó con 880 millones y aún así tuvieron, además, 1.600 millones de euros de deuda. Sin contar, por ejemplo, que en 2008 la Generalitat absorbió 1.046 millones de la televisión catalana, que de nuevo sigue con pérdidas y endeudándose.
Por razones económicas, ya que los criterios políticos siempre desvirtuarán la eficiencia económica, pero también porque es contrario a la libertad de las personas, la comunicación o el entretenimiento no pueden estar en manos del poder político.
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