Cándido Méndez debería abanderar una reestructuración ordenada de UGT, que culmine con su propia salida.
Estoy sorprendido de la falta de democracia interna que rige en la mayoría de partidos políticos, asociaciones, colegios profesionales y sindicatos españoles. Los mismos que se llenan la boca defendiendo la transparencia de sus actos, suelen aplicar puertas adentro la más absoluta opacidad.
Ninguno de los altos cargos cercanos a Zapatero se atrevió a levantar la voz cuando sus medidas estrambóticas arrastraron a España a la peor crisis económica de la historia contemporánea. El primer damnificado es su sucesor, Alfredo Pérez Rubalcaba, a quien el Congreso despidió esta semana con una ovación unánime. El presidente Rajoy lo calificó como "hombre de Estado" y como "gran parlamentario".
Aún resuenan, sin embargo, en el hemiciclo del Palacio de los Leones las descalificaciones de los populares con el aún líder del PSOE por intentar reprender a Rajoy cuando él jamás criticó como vicepresidente al Zapatero visionario, que apunto estuvo de arruinarnos con sus experimentos económicos. Luego quiso seguir adelante tras la derrota electoral de las generales, como si nada hubiera pasado, sin calibrar el impacto en el PSOE. Su ceguera terminó con 33 años de su carrera política y deja una formación a la deriva y con grave riesgo de acabar con la alternancia del socialismo en el poder.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, corre la misma suerte que Rubalcaba. Su obstinación por prolongar lo improrrogable y por no asumir responsabilidades arrastrará a la desaparición a una institución centenaria, como UGT. Manuel Fernández 'Lito', que ayer falleció de repente en Asturias, fue una de las pocas voces discrepantes. Lito se retiró hace unos meses para evitar que le salpicaran los escándalos, harto de intentar cambiar sin éxito el rumbo.
El sindicato se defiende con que la instrucción de la juez Mercedes Alaya sobre los gastos suntuosos que se pagaron a algunos dirigentes a costa de los cursos de formación responde a una iniciativa política. Pero ya no caben excusas. Esta semana fue otro juez sevillano quien abrió un procedimiento general contra UGT Andalucía por financiarse mediante la emisión de facturas falsas. La investigación puede llevarse también por delante a la asociación de consumidores Facua, cuyo portavoz colaboró presuntamente para encubrir los gastos. ¡Qué escándalo! Otra asociación sin ánimo de lucro, que con la excusa de defender los derechos de los demás, se llenaba los bolsillos de manera presuntamente ilegal, según el juez.
Cándido Méndez debería abanderar una reestructuración ordenada de UGT, que culmine con su propia salida, después de más de 20 años. De lo contrario, la pérdida de credibilidad acelerada que sufre en estos momentos el sindicato lo conducirá a un proceso de renovación incontrolado y de final incierto.
Los sindicatos son órganos imprescindibles para el progreso de la sociedad. Por desgracia, muchas de las instituciones que contribuyeron a asentar nuestro progreso económico desde la Transición han entrado en un proceso de descomposición inaudito, como se vio con la Monarquía. Extrañamente, en estas semanas arreciaron las críticas contra el proceso de sucesión, cuando Don Juan Carlos es el único que supo ver que había llegado su hora. Probablemente, con el gesto de la abdicar a tiempo haya salvado a su Corona, al contrario que Méndez o Rubalcaba.
Méndez no es el único que intenta perpetuarse. El presidente del Alto Comisionado para la Marca España, Carlos Espinosa de los Monteros, mal asesorado por Seeliger&Conde, quiere crear una Fundación para mayor gloria de su obra. De los Monteros se presentó como el bienhechor de la Marca España, incluso renunció a una remuneración por su trabajo de representación para mostrar sus buenas intenciones.
Pero acercándose el fin de la legislatura y viendo que su faena está aún por culminar, se ha dejado llevar por los cantos de sirena. El plan, como adelantó este viernes 'elEconomista', consiste en pasar la gorra a las grandes empresas, a razón de 200.000 euros por barba. En el Ibex están ya escarmentados de las ideas geniales, que pretenden impulsar el bien común a costa de su bolsillo. ¿Recuerdan cuando el Zapatero echó mano de las grandes firmas para acabar con el pesimismo nacional y promover la recuperación? El batacazo fue monumental.
Constructoras como FCC o bancos como Santander y BBVA se resisten, con razón, al proyecto. ¿Para qué queremos crear otra fundación, que acabemos pagando entre todos los contribuyentes? A la vista de los escasos exiguos resultados de la Marca España, lo más prudente es clausurarla, en lugar de prorrogar su vida inútilmente.
Se trata, además, de una institución polémica, que desde el principio atizó el enfrentamiento entre Exteriores y Economía, que tiene asignadas las funciones de la promoción de las empresas españolas en el exterior. El gabinete de Presidencia, bajo las órdenes de Soraya Sáenz de Santamaría, acogió el Alto Comisionado para poner paz entre Margallo y De Guindos. Pero el plan de echar a andar una fundación resucitó los viejos demonios entre ambos ministerios. Es absurdo desgastarse en peleas.
Otro de los deportes nacionales en los últimos años consiste en pasar la patata caliente al contribuyente cuando algo va mal. Ya hablamos extensamente en este espacio sobre la responsabilidad subsidiaria del Estado con las autopistas en quiebra, que puede ascender a 5.000 millones.
Un caso similar es el almacén de gas Castor, propiedad de Escal, un conglomerado liderado por el grupos ACS, que aún preside Florentino Pérez. Escal renunció a construir su depósito a causa de la cadena de seísmos provocada hace unos meses en la costa valenciana. El ministro de Industria, José Manuel Soria, está dispuesto a que los contribuyentes nos repartamos "el coste residual" de su construcción, que ya asciende a 1.600 millones, casi el triple de lo previsto.
Me pregunto por qué Soria está dispuesto a cumplir con el rescate de oro firmado por su antecesor, Miguel Sebastián, con el Castor y, sin embargo, se dispone a llevar a la ruina a cientos de pequeños inversores, que depositaron sus ahorros en las renovables con la garantía del Tesoro, que les ofreció rentabilidades anuales de dos dígitos. Los mismos derechos tienen unos que otros, aunque por lo que se ve el poder y la influencia sean muy diferentes.
No me queda espacio para hablar de la reforma fiscal, que es el tema de la semana. Moody's la calificó de "poco ambiciosa", término que suscribo. Sin embargo, quiero dar las gracias al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y a su equipo por la paciencia que siempre tienen conmigo y con elEconomista para explicarnos las medidas en detalle, aunque hasta ahora no hayan logrado convencernos.
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