
La necesidad de aumentar ingresos y recortar gastos en un año electoral explica la supresión de exenciones y deducciones.
Las expectativas de una rebaja fiscal en condiciones se diluyen a medida que se profundiza en la letra pequeña de la reforma, porque prima la contención del déficit. Un buen momento para reflexionar sobre el lastre que suponen para la política económica y el crecimiento nuestros desequilibrios presupuestarios. Estos desajustes explican también por qué en el anteproyecto del Gobierno se han ignorado la mayoría de las recomendaciones del grupo de expertos al que Montoro pidió un informe sobre la reforma fiscal.
Transcurrida una semana desde su aprobación, es evidente que en lo relativo a la tributación del ahorro los cambios se quedan a medio camino en algunos aspectos y en otros inciden negativamente. El denominado Plan 5 de ahorro fiscal, no pasa de ser un parche ante la imposibilidad de asumir una Cuenta Jubilación, justo en el momento en que el gasto en pensiones empieza a dar señales de que es urgente incentivar el ahorro previsión. La necesidad de aumentar ingresos y la negativa a recortar gasto ante un año de convocatorias electorales explica la supresión de numerosas exenciones y deducciones, que anulan el efecto de las bajadas de tipos.
Por ejemplo, hay malestar entre las empresas por la limitación de la repatriación de dividendos, un factor que durante la crisis ha salvado los balances de muchas compañías. En esta línea de apurar recursos se funda el temor de los transportistas de que Hacienda aproveche la reforma para librarse del céntimo sanitario, que supone un pellizco de unos 10.000 millones a los presupuestos, aunque fuentes de Hacienda no confirmen esta posibilidad.
La letra pequeña de la reforma compensa el impacto de las rebajas fiscales y diluye la reforma. Es el precio de tener que controlar el déficit y la deuda.