En la embotelladora se presumía de que la mejor opción era comprar los medios con publicidad.
Hay decisiones que se ven venir por mucho que algunos dirigentes empresariales se empeñen en negarlo. La Audiencia Nacional acaba de tumbar el ERE de Coca-Cola por considerarlo ilícito. Que las embotelladoras de Coca-Cola, todas en beneficios, intenten despedir a dos tercios de su plantilla a un precio low cost introducido por la reforma laboral para salvar a sociedades en dificultades no es de recibo. El asunto cobra tintes escandalosos en el caso de algunas plantas como la de Fuenlabrada, en la Comunidad Madrid, donde sus dos principales propietarios, José María Castellanos y Juan Urrutia, se repartieron cientos de millones en dividendo antes de proceder al despido de toda la plantilla por un precio módico.
El poco prestigio que aún le quedaba al bufete laboral dirigido por Iñigo Sagardoy queda inevitablemente en entredicho con este asunto. Sagardoy, con la complicidad de la propietaria, Sol Daurella, intentó colar como una reorganización societaria un plan de despidos masivos, llevado a cabo por empresas individuales.
Me produce una profunda tristeza, como profesional del periodismo, que sólo dos medios, elEconomista y RTVE, hayan denunciado públicamente el asunto. Aún peor. Cuando elEconomista contó los hechos en su portada, los dueños de la embotelladora, la familia Daurella y Vilarrubí, presionó para evitarlo. Un portavoz familiar, como se sabe, amenazó a elEconomista y a su director si seguíamos con la información de los ERE y sobre la fortuna de los Daurella, gestionada legítimamente desde paraísos fiscales.
Lo dije en su momento y lo reitero ahora: en elEconomista siempre apoyaremos a las empresas que ganan dinero, porque es la única garantía para su progreso y el de la sociedad en conjunto. Tampoco ponemos reparo a que sociedades o personas físicas se lleven su dinero fuera para reducir la factura fiscal. Muy al contrario, la profunda rebaja tanto del IRPF como del Impuesto de Sociedades o de las cotizaciones sociales es una de nuestras reivindicaciones permanentes ante el Gobierno, precisamente para evitar el éxodo de dinero, conocido más pulcramente como deslocalización del capital. Pero estos movimientos de capital deben ser transparentes, como hacen la mayoría de las empresas cotizadas. Sol Daurella intenta reducir el pago de tributos, como haría cualquier ciudadano, al gestionar su fortuna desde Luxemburgo. Pero esta vez fue demasiado lejos, ya que su plan infringía claramente la legislación laboral.
Su portavoz fanfarroneaba con que en estos casos sólo había dos opciones: "Reunirse con un grupo de periodistas influyentes para intentar convencerlos de sus argumentos o forrar de dinero a los editores de esos medios para los que trabajan". Añadía que en un país europeo, donde Coca-Cola procedió con anterioridad a la reestructuración de sus plantas, tuvo que recurrir a esta segunda opción, la de pagar a las empresas editoras, ante "la incomprensión de los periodistas".
Cada vez está más claro por qué otros medios nacionales, incluidas las grandes cadenas de televisión que presumen de cuenta de resultados, echaron un manto de silencio sobre el tema. Entre estos, sólo el grupo RTVE, que se financia con cargo a los presupuestos públicos en lugar de con publicidad, dio una cobertura adecuada al conflicto.
Para acabar de estropearlo, el presidente de Coca-Cola España, Marcos de Quinto, que durante todo el conflicto había intentado separar las actuaciones de las embotelladoras de las de la multinacional a la que representa, se desmelenó hace unas semanas con una serie de entrevistas, en las que defendía "la legalidad del ERE de Coca-Cola". Ahora se ve que son los mismos galgos con diferentes collares.
El caso Coca-Cola provocó un fuerte malestar entre las grandes multinacionales españolas, como Telefónica o Santander, que han remunerado recientemente de manera generosa a sus trabajadores en los procesos de reestructuración, como corresponde a su saneada situación financiera. Una práctica que distingue a sus respectivos presidentes, César Alierta y Emilio Botín, entre otros, del comportamiento de Coca-Cola.
La familia Daurella perseguía crear un grupo fuerte en España mediante la unión de todas las filiales, desde donde pudiera crecer en el norte de África y otros países de Europa, para evitar la deslocalización de todas sus fábricas. Un proceso que pasa necesariamente por el doloroso ajuste de plantilla anunciado. Un plan completamente razonable, pero siempre que se haga respetando la legalidad en lugar de a costa del bolsillo de sus trabajadores. Daurella, Castellanos, Marcos de Quinto (monta tanto, tanto monta) han provocado un incendio, que amenaza el futuro de la filial española, donde sólo había un chispa de felicidad hasta ahora. Penoso.
La sentencia de la Audiencia
