La imputación de Medel cuestiona su honorabilidad y la de la Junta, aunque aún debe probarse.
Las incertidumbres a las que nos hemos referido las pasadas semanas han comenzado a materializarse. El discurso oficial predominante es el del optimismo. La economía sigue mejorando, pero con una lentitud exasperante. Bastó el rumor sobre un impuesto a los tenedores de bonos griegos, junto al temor a que el Gobierno heleno pierda las próximas elecciones y los débiles datos de crecimiento de Francia e Italia para que los mercados se dieran la vuelta de manera abrupta. Las bolsas perdieron la tendencia alcista, el bono a diez años volvió a superar el 3 por ciento de rentabilidad y la prima de riesgo se encareció. Los datos provenientes de Europa son preocupantes. Si la economía española es la que cosecha mayores ritmos de crecimiento y mejores augurios, figúrense cómo estarán las demás.
La ausencia de reformas de calado en Europa, sobre todo en Italia o Francia, comienza a pasar factura. El primer ministro francés, Manuel Valls, anuncia un recorte del IRPF después de prohibir por decreto la compra por parte de extranjeros de un tercio de empresas del CAC 40, como reacción a la posible venta de Alstom. No creo que esta política sirva para impulsar la inversión ni el empleo en el país vecino.
En este contexto de parálisis económica, se entiende la predisposición del gobernador del BCE, Mario Draghi, para actuar con el respaldo incluido del Bundesbank. Pero se equivocan quienes crean que Draghi tomará medidas para favorecer el crédito a las pymes españolas o portuguesas. Como en plena tormenta del euro, Draghi sólo logra el apoyo de Alemania cuando Francia está en peligro, porque el Bundesbank comprende que el fuego puede extenderse a otros países del euro y tarde o temprano asediará la propia fortaleza alemana.
Descartada una inyección de dinero masiva para ayudar a la periferia, las fórmulas que se barajan son facilitar la liquidez bancaria, a través de las LTRO, o la introducción de una tasa de depósito negativa a la banca para forzarla a prestar. Los banqueros son escépticos de que alguna de estas medidas pueda funcionar, hasta que realmente existan empresas solventes que demanden crédito. Y esto, a la luz de los datos económicos que conocemos, va a tardar en producirse. La banca ya aprovechó las pasadas inyecciones de liquidez para sanearse y mejorar sus márgenes a costa de la deuda pública. Parecen difíciles los atajos.
Agradecemos a la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, sus esfuerzos por dibujar una sonrisa en millones de españoles, a la luz de las buenas perspectivas del turismo. Pero eso es dejar de lado los problemas cotidianos, como la lucha contra el fraude y la corrupción. Cuando parecía que estábamos ya curados de espanto, esta semana nos sobresaltaron los 10.000 millones en sobrecostes pagados en las líneas del AVE. Uno de los tramos entre Madrid y Barcelona encargado a la constructora de Villar Mir triplicó su precio (de 108 a más de 340 millones), según Fomento. El empresario culpa a la anterior Administración, pese a que Ana Pastor tuvo que sancionarlo por los graves incumplimientos. Antes de ayer fue otra constructora, Isolux-Corsan, presidida por Luis Delso, la implicada en maniobras para inflar sus contratos con Adif, el gestor de la red de ferrocarriles.
La imputación del presidente de Unicaja, Braulio Medel, junto a otros 15 altos cargos, en el caso de los ERE, conmocionó esta semana al mundo económico. Medel fue durante siete años miembros del consejo de IFA-Idea, una institución dedicada a dar subvenciones a pymes andaluzas con problemas, que disfrazaba como créditos para burlar las normas de Bruselas.
El máximo responsable de la caja andaluza, hoy transformado en banco tras la absorción de las antiguas Caja Duero y Caja España, alega un exceso de confianza en los sucesivos presidentes de la institución, a los que delegó su voto. Pero la auditoría que revela algunas irregularidades en 2007 sobre Idea, prueba que Medel conocía que Idea actuaba al borde de la ley. Quizá por ello, excusó delegar el voto y no asistir a los consejos conflictivos. ¿Fue casualidad o intentó eludir así posibles responsabilidades? Es algo que tendrá que responder ante la magistrada Mercedes Alaya el próximo miércoles.
Toda persona es inocente hasta que obtenga una sentencia firme en su contra. Pero la ignorancia de la Ley no exime de su cumplimiento. Un personaje público, encargado de gestionar el dinero de todos, además de cumplir con las normas a rajatabla debe ser un ejemplo de honorabilidad para los demás. Ahí es donde comienzan los problemas.
Da la impresión de que mientras miles de españoles y pymes purgan las penas para sobrevivir, otros viven en el país de Jauja. Una tierra mítica en la Edad Media donde se habitaba entre ríos de vino y leche, montañas de queso y lechones asados que pendían de los árboles listos para degustar. ¡Y Soraya, pendiente del tiempo y del turismo!
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