Hacienda conoce los canales por donde circula el contrabando de tabaco y hasta sus sitios de procedencia. El Gobierno cree que hay empresas que venden a Gibraltar y Andorra mucho más tabaco del que realmente consumen para que después entre en España sin pagar impuestos.
Las sospechas se centran en pequeñas compañías que con una cuota mínima de mercado han alcanzado una participación del 36 por ciento en el tráfico supuestamente ilícito.
España tiene ahora herramientas legales -un protocolo firmado con la ONU- para retirar la licencia de fabricación a quienes contribuyan al fraude. Hacienda debe utilizarlas para recuperar los ingresos que se esfuman con el contrabando y que rondan los 1.000 millones anuales.
