Desde hace décadas y especialmente en las últimas, el sistema y la mayor parte de quienes se dicen integrantes de la oposición a él, coinciden en la formulación de un objetivo que sin otros considerandos o matizaciones los unifica y encierra en una lógica única.
Desde una sedicente izquierda sindical y/o política hasta los defensores a ultranza de las decisiones de la troika pasando por quienes optan por un discurso comprensivo con el dolor de la mayoría social, la consecución del pleno empleo o cuando menos la creación de puestos de trabajo es la única meta a la que se deben supeditar otros considerandos.
Hace años y en pleno debate parlamentario sobre los contratos de trabajo con el presidente de Gobierno de entonces, escuché de sus labios la siguiente aseveración: Desengáñese usted, es mejor un contrato en precario que ninguno. La inmensa trampa, la gran manipulación de ese mensaje estriba en que nos da escoger como opción irremisible y única entre el paro o la precariedad.
Los Derechos Humanos que ocupan el primer lugar en la escala de mandatos imperativos para todos los gobiernos, exigen la consecución de una vida digna para las personas. Y al hablar del derecho al trabajo lo hace bajo unas condiciones que lo conforman como necesario para conseguir una vida según la dignidad inherente al ser humano. Eso significa trabajo continuado, con salarios suficientes y vacaciones pagadas.
Se me dirá que no es posible por la competitividad y la necesidad de que las empresas puedan acometer con cierta seguridad la lucha a muerte entre ellas. Pero eso es confundir y supeditar el objetivo, los DDHH, con el instrumento: determinada visión de la ciencia económica.
El empleo no puede equivaler a cualquier colocación en condiciones extremas de precariedad y sin derecho alguno. La teoría del mal menor no es admisible desde una oposición coherente con sus principios y los DDHH.
Julio Anguita, ex coordinador general de IU.
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Anguuita: El capitalismo de amigotes
