Rajoy corrobora la inmunidad de los sindicatos, pese a los escándalos, con su foto en Moncloa.
Me resultó sorprendente ver a los máximos responsables de los sindicatos reunirse esta semana en Moncloa con la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Sobre todo, teniendo en cuenta que han planteado dos huelgas generales y no hacen más que criticar la reforma laboral por el empleo precario que genera. Entiendo que el Gobierno quiera presentarlo como un triunfo, una imagen de unidad en estos tiempos en que se agranda el abismo entre ricos y pobres, entre derechas e izquierdas o de los catalanes con el resto de españoles. Me asombro, sin embargo, porque después de los escándalos sobre el manejo de los fondos de formación, que hizo añicos la reputación de los sindicatos, Rajoy trate de ignorar sus fechorías en lugar de poner tierra por medio.
El motivo oficial del encuentro fue consensuar medidas para impulsar la recuperación. Una excusa impresentable. ¿Quién en su sano juicio puede acordar medidas de estímulo con unos sindicatos manchados por la corrupción y opuestos a las reformas? Zapatero prometió no dar un paso sin el acuerdo sindical y provocó el encarecimiento de los costes salariales, que está en el germen de la crisis económica.
Es cierto que por estas fechas vencen cientos de convenios laborales en los que resulta imprescindible el mantenimiento de la moderación salarial. Pero también lo es que la recién adquirida libertad de las empresas para desmarcarse de los convenios deja a los agentes sociales en una posición de fuerza muy debilitada. Aún me resulta más chocante que ninguna administración autonómica haya roto los convenios de formación con los sindicatos, pese a los escándalos. La Administración central, por su parte, seguirá confiando a la Fundación Tri- partita, integrada por los representantes de los agentes sociales además del Gobierno, el reparto, la gestión y el diseño de los nuevos fondos dirigidos a completar la formación.
El secretario general de UGT, Cándido Méndez, anunció que renunciaría a estas ayudas, utilizadas en ocasiones para sufragar comilonas o falsos bolsos de Loewe. Pero enseguida se arrepintió y, al poco tiempo, tuvo que matizar que las entidades de sus sindicatos dedicadas a la formación se presentarían en buena lid a los concursos públicos. El borrador sobre la futura ley, desvelado esta semana por elEconomista, mantiene las funciones sindicales en el organismo encargado del diseño y organización de los cursos.
El Gobierno corrobora el esquema anterior de permitir que sean juez y parte, ya que por una lado reparten y por el otro son beneficiarios del reparto. Naturalmente, en esta ocasión se recurre a un mecanismo mucho más sutil, que obligará al menos a elaborar un programa digno y luego a impartirlo. De esta manera, se perpetúa su situación privilegiada para seguir captando recursos por esta vía, lejos de desaparecer.
El Ministerio de Empleo presume de haber reducido el 80 por ciento las subvenciones recibidas por los sindicatos, y seguramente es así, porque como no hay cifras oficiales que agrupen estas subvenciones, es imposible saberlo. Además, de los alrededor de 1.800 millones anuales destinados a formación, se suprimen las partidas dirigidas a los agentes sociales, a la par que se incrementa del 60 al 80 el porcentaje que gestionarán directamente las empresas.
La total opacidad que rodea los recursos destinados por las autonomías completan el manto de silencio existente sobre sus cuentas. La falta de transparencia sobre la utilización que hacen de estos recursos las autonomías desembocó en escándalos como el de los ERE, en Andalucía, o el del caso Aneri, en la Comunidad de Madrid, sin que éstas administraciones se planteen siquiera adoptar una sanción. ¿Si cualquier empresa que está en deuda con la Seguridad Social queda inhabilitada para un concurso público, no debería ocurrir lo mismo con los agentes sociales, que hacen un uso indebido del dinero de todos los ciudadanos?
Los secretarios generales tanto de UGT como de CCOO han hecho públicas las cuentas, en un alarde de transparencia inédito. Pero éstas no resisten el más mínimo análisis, ya que carecen del detalle suficiente para conocer de dónde provienen los ingresos por formación y están sin auditar.
En definitiva, ambos seguirán camuflando sus ingresos tranquilamente con la complicidad de la Administración. Exactamente lo mismo que hacen los partidos políticos o las fundaciones con las que éstos se financian.
¿Para qué sirve la Ley de Transparencia que presentó a bombo y platillo la vicepresidenta Sáenz de Santamaría? Si Rajoy los convoca para fotografíarse con ellos como si nada hubiera pasado, la sensación de inmunidad de los sindicatos es total.
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