La rebaja de impuestos es la reparación de un daño, fruto de la mala administración. ¿Por que unas actividades o sectores han de tener un tipo deistinto de IVA que otras?
Mantiene el viejo refrán que una cosa es predicar y otra dar trigo. Pues bien, en materia fiscal esto es doblemente cierto, solo que aquí el que predica -que siempre es el poder- no da, sino que quita, siempre procurando más y de forma más sutil. He ahí las dos claves de la pregonada reforma fiscal: que ni reforma ni reduce los impuestos, pues minora de unas figuras o de una parte de las mismas pero compensa con otras medidas u otros impuestos y busca no reducir un ápice los ingresos tributarios, sino un incremento equivalente a un punto porcentual del PIB. El trile que nos temíamos. Y, para colmo, sabemos que una cosa es el informe que el comité de expertos o comisión Lagares ha entregado al Gobierno, sobre el que se derrocharán sesudos análisis y mucha tinta, y otra lo que Gobierno y sendas Cámaras hagan y lleguen a aprobar, procediendo únicamente en clave electoral o política.
¡Verán cómo el Gobierno incluso rechaza o enmienda "a nuestro favor" algunas de las recomendaciones o propuestas, por afectar demasiado al sufrido contribuyente! Algo se ha apuntado ya al respecto con el desacuerdo mostrado por la vicepresidenta del Gobierno sobre la propuesta de imputar la primera vivienda como parte de la renta de los contribuyentes para gravar más la riqueza. Pero, ¿quién grava? Primero nos crujen, elevan los impuestos y crean figuras por doquier y luego nos "hacen el favor" de reducir el castigo, aunque ni a todos por igual ni al mismo tiempo. ¡Y hasta lo celebramos! La rebaja de impuestos no es un favor. Es la reparación de una injusticia, un daño, fruto de la mala administración y la perversa concepción del Estado mismo.
Entre tanto, los súbditos, que no ciudadanos, a seguir pagando lo que los mandatarios de todo signo digan, administren como administren (aunque en derroche y fraudes fue peor y más nefasto el período 2004-2011, por mucho que algunos lo pinten como un dechado de avances sociales), y vendan como quieran vender esa confiscación permanente al contribuyente (solidaridad, atención del débil o del pobre, prestaciones denominadas sociales, etc.). ¡Como si hubiese sido precisa la existencia de los políticos, y aún todavía del Estado, para que, en la historia o en el presente y el futuro, las personas seamos solidarias, solícitos con el débil o necesitado, prestemos auxilios varios o proveamos cosas como sanidad y educación! ¡Como si nada de eso hubiese existido y las personas hubiesen estado desamparadas hasta que el poder, los políticos y las autoridades lo acapararon y nos lo dieron (¿realmente nos lo dan?)!
Aceptamos como algo natural que el Estado abarque directamente el 45 por ciento de nuestras vidas y haciendas (ese es más o menos el peso del gasto público sobre el PIB), si bien indirectamente y mediante su intromisión por muchas y complejas vías en nuestros negocios, contratos, intercambios, domicilios, etc. (no me refiero a las necesarias reglas o normas que deben ordenar aquéllos ni a la vigilancia de su cumplimiento) el Estado, las autoridades de todos los niveles, intervienen en más de la mitad de nuestras actividades y vidas. Y tal visión se introduce en los 270 cambios tributarios contenidos en las 125 propuestas del comité de expertos.
Dicho sea de paso, tiene razón el profesor Lagares cuando señala que se trata de una de las propuestas de reforma tributaria más completa y amplia jamás contemplada; cosa distinta será lo que hagan los políticos. Pero, admitiendo los esfuerzos y bondades del Informe, y aparte de las dificultades para su implantación (por ejemplo, en las recomendaciones sobre tributación autonómica y local), éste adolece de calado y, sobre todo, de un cambio de objetivo o de enfoque que considere tal reducción del Estado en nuestras vidas y coloque en el centro económico a los ciudadanos y agentes libres, no atrapados por intereses espurios de grupos privilegiados. Meros cambios de cromos (unos impuestos por otros) y siempre buscando que no caiga la recaudación en manos de los poderes públicos; una insuficiente recomendación de reducción a cuatro tramos y tipo marginal máximo del 50 por ciento en IRPF; mantenimiento de tramos en IVA (¿por qué unas actividades o sectores han de pagar un tipo distinto a otras? ¿Las hay más válidas u honorables? ¿Por qué no el mismo tipo para cualquier actividad y menor del actual 21 por ciento?), que incluso supone una subida por pasar bienes y servicios de los tipos reducidos al general; supresión del Impuesto de Patrimonio, pero aumento en Sucesiones y Donaciones mediante eliminación de reducciones; supresión de impuestos a los depósitos bancarios, pero aumento y creación de otros relacionados con el tema ambiental... Menos es nada, pero no son cambios que remuevan de fondo las estructuras y cimientos inservibles del conjunto de nuestro sistema tributario, incluida la financiación de los diferentes niveles de la Administración del Estado o las relaciones de los fiscos para con los contribuyentes.
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