Alberto Nadal no da un paso sin el apoyo de Rajoy en la reforma del sector eléctrico.
Si la crisis financiera y el lío de las preferentes provocó ríos de tinta en el pasado, la reforma eléctrica promete ser el filón informativo de los próximos meses. El secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, se ha transformado en una especie de gladiador al que todo el sector eléctrico quiere echar a los leones. La lucha está servida y el espectáculo también. Nadal aguanta con estoicismo las presiones. No da un paso sin el conocimiento de su hermano gemelo, Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica de Moncloa y, por supuesto, del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En el entorno de Moncloa se asegura que en estos momentos hay cinco personas que controlan la política económica: la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; la de Empleo, Fátima Báñez, y los dos Nadal. La bicefalia entre Montoro y Luis de Guindos, ministro de Economía, que tanto se reprochó a Rajoy en lugar de nombrar un vicepresidente económico, no existe en la realidad. Y menos ahora que, como publicó, esta semana elEconomista, cuenta con el apoyo del ministro de Finanzas germano, Wolfgang Schäuble, para presidir el Eurogrupo. El poder de Guindos ha quedado circunscrito a la reforma financiera y a la representación española en el exterior.
Al parecer, Nadal aterrizó en la Secretaría de Estado de Energía por expreso deseo del Gobierno para socorrer al ministro de Industria, José Manuel Soria, que hasta ese momento era incapaz de meter en cintura el déficit eléctrico. Lo primero que se encontró fue con una deuda rampante de 28.000 millones (en la actualidad ya va por los 30.000) y un déficit anual en torno a los 5.000 millones. La única consigna con la que llegó fue acabar con el desajuste para evitar que se convierta en crónico. Sobre todo, en un momento en que la deuda pública se acerca peligrosamente el cien por cien del PIB.
El problema con el que se encontró es que la tarifa eléctrica se había convertido en un instrumento de política industrial para subvencionar el desarrollo de diversos sectores, en lugar de hacerlo a costa de los presupuestos del Estado. Fue el primer Gobierno del PP, con Rodrigo Rato como vicepresidente, quien inventó el famoso canon eléctrico para compensar al sector por el decreto de paralización de las nucleares, redactado en tiempos de Felipe González. Este cheque se extendió luego al carbón, a los ciclos combinados de gas y, por último, ya en tiempos de Zapatero, al amplio espectro de energías renovables. Cuando usted enciende el interruptor de la luz está sufragando un amplio elenco de actividades relacionadas con la energía, que no podría subsistir sin esa ayuda. El galimatías creado con la tarifa eléctrica es tal que, cuanto más llueve y con mayor fuerza sopla el viento, más primas pagamos por la energía que consumimos, cuando debería ser justamente al contrario.
Cambiar el funcionamiento del sistema requiere echarlo prácticamente abajo con graves perjuicios para sus actores. Nadal redujo la retribución de las renovables a una media del 7,5 por ciento anual, un porcentaje razonable, si no fuera porque muchas instalaciones se compraron con un fuerte apalancamiento. El último varapalo es para la cogeneración, utilizada por muchas industrias para rebajar su tarifa eléctrica, entre las tres más elevadas de Europa.
Que nadie se rasgue las vestiduras. La sonora protesta por los recortes expresada por el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, es comprensible. El negocio en España quedará al borde de los números rojos en las grandes eléctricas, que aún así presentan buenos resultados y retribuyen generosamente a sus gestores gracias a su exitosa expansión internacional. La tendencia inevitable, como anunció Galán, será redirigir la inversión al exterior y congelar el gasto en España. Entre otros motivos, porque existe un 20 por ciento de sobrecapacidad instalada.
Los recortes son necesarios, inevitables, pero la reforma adolece de dos grandes inconvenientes. En primer lugar, pone en duda la seguridad jurídica. Las empresas emprendieron sus inversiones en base a concesiones repartidas con el Boletín Oficial del Estado (BOE), de las que ahora el Gobierno intenta zafarse, con grave riesgo de quebrar la confianza de los inversores. Los tribunales deberán decidir si se trata de una situación excepcional o exigen al Estado cumplir sus responsabilidades.
Por último, elude abordar un cambio del sistema tarifario, de manera que si el Gobierno quiere subvencionar actividades como el carbón, lo haga por la vía de los Presupuestos Generales y no a costa del bolsillo de los consumidores. En el fondo, estamos en lo de siempre, los números rojos de las cuentas públicas se tapan cargando todo el ajuste a las empresas o a los contribuyentes, en lugar de atajar el déficit y acometer una reforma del sector eléctrico completa y definitiva.
P.D. La libertad de expresión y la independencia de los medios de comunicación no deben violarse. La embotelladora de Coca-Cola amenazó ayer con fuertes presiones a elEconomista y a mi persona. Como en el caso Blesa, seguiremos publicando todo, no es la primera vez que sufrimos estos ataques.
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