En el conflicto GUPC-Panamá, se impone una negociación para alcanzar una cifra razonable para ambas partes.
El pasado 31 de diciembre, el Grupo por el Canal de Panamá (GUPC), liderado por la española Sacyr, advirtió que en 21 días paralizaría las obras ante la imposibilidad de seguir adelante por falta de liquidez. El anuncio hundió en dos días casi el 20 por ciento los títulos de Sacyr y desató un río de críticas a la marca España.
Al presidente panameño, Ricardo Martinelli, le faltó tiempo para esgrimir la responsabilidad moral de los gobiernos de España e Italia. Panamá celebra elecciones en mayo y su presidente intentará convertir el asunto en una cruzada nacional para no soltar un céntimo más a los españoles.
Se han escrito ríos de tinta sobre si la obra se adjudicó a un precio inferior al de su coste de ejecución. El expresidente de Sacyr, Luis del Rivero, necesitaba un supercontrato para desquitarse por su fracaso en los asaltos al BBVA o a la francesa Eiffage. La dirección actual de Sacyr admite que no gana dinero con la obra, aunque, naturalmente, tampoco está dispuesta a perderlo.
El contrato ascendió a 3.118 millones de dólares, una cifra inferior sólo el 5 por ciento a la licitada por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP). Sacyr y sus socios reclaman un sobrecoste de 1.600 millones, equivalente al 50 por ciento. Del Rivero es un tipo arriesgado, pero entiende del negocio. Es poco creíble que presentara una oferta un tercio inferior al coste real del proyecto.
El consorcio encabezado por el grupo español ha presentado más de 80 reclamaciones y sólo en una ocasión obtuvo una respuesta positiva, después de recurrir al arbitraje y la ACP se resiste a indemnizarle. De momento, el grado de rechazo a las peticiones de GUPC es apabullante.
Existen, además, otros dos proyectos en la zona gestionados por la ACP, uno el llamado Cap 4 adjudicado a la española FCC y un puente gestionado por la francesa Vinci, que soportan porcentajes de sobrecostes similares. Los pliegos de los concursos carecen de la precisión de la que presume el administrador del canal, Jorge L. Quijano. Éste reconoció a elEconomista que el puente licitado y ganado por Vinci es "un proyecto inviable, que está siendo rediseñado en su totalidad".
Quijano remite la solución a los mecanismos de arbitraje establecidos en el contrato. Pero el grupo español se niega como es lógico a adelantar dinero para la obra a la espera de la resolución de los arbitrajes, que pueden tardar años. GUPC ha realizado las obras hasta agotar el efectivo dispuesto, alrededor de 2.200 millones de dólares, 800 millones en forma de adelantos y otros 1.500 millones en obra visada y certificada por la ACP. El problema a partir de ahora es que los escasos mil millones que quedan son insuficientes para concluir el plan faraónico.
La bravuconada del presidente de la ACP de que está dispuesto a acabar los trabajos no es creíble. Quijano puede suspender unilateralmente el contrato, pero tendría que aportar recursos extra para concluir las obras. La experiencia de otros conflictos internacionales, como el de la argentina YPF en la exploración de petróleo en Vaca Muerta, muestra que nadie quiere arriesgarse a invertir miles de millones en un proyecto inmerso en una dura batalla legal. Panamá es el primer interesado en no alargar más la inauguración del nuevo canal, que debería haberse estrenado este año, ya que pierde un millón cada día que se retrasa, según la estimación de sus autoridades.
Se impone una negociación para alcanzar una cifra razonable para ambas partes. El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, está en Panamá desde fin de año para intentar desbloquear el conflicto. La ministra de Fomento, Ana Pastor, y también el de Exteriores, José Manuel García Margallo, han manifestado que realizan discretas gestiones sobre el asunto. Pastor viaja este fin de semana a la zona, aunque su papel debe limitarse a mediar en lugar de intentar apuntarse un tanto, como hizo el ministro José Manuel Soria en el conflicto de Repsol con YPF.
Sacyr presume de que el impacto en su cuenta de resultados es mínimo, sobre todo porque el grueso del proyecto está hecho y cobrado, pero la tentación de dejar a medias su compromiso puede pasarle una onerosa factura en futuras licitaciones. Además de que podría verse obligada a devolver parte de lo adelantado y adentrarse en una batalla legal de largo recorrido.
La empresa española ha emprendido una alocada carrera hacia la internacionalización, forzada por la ausencia de obra nacional. Pero debe aprender una lección. Los márgenes fuera son mucho menores que en territorio nacional, lo que puede acrecentar sus problemas de rentabilidad que pretende resolver. Y sobre todo, en el extranjero es difícil lograr los denominados modificados, famosos en España, que han triplicado, por ejemplo, el coste para el erario español del almacén de gas Castor, negociado con Florentino Pérez con el exministro Miguel Sebastián.
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