Desde el Ministerio no se puede interferir en la acción de los tribunales para que no se sepa qué sucedió en Caja Madrid.
Si el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, no dimite por iniciativa propia -que no lo hará- el presidente del Gobierno debe cesarle. Los correos corporativos correspondientes a la etapa en que Miguel Blesa fue presidente de Caja Madrid están demostrando la vinculación de este último, no sólo con Aznar, sino con el ministro de Justicia. Esto hace escandaloso -y es el motivo por el que desde elEconomista solicitamos su destitución- las interferencias y las maniobras de dilación desde la Fiscalía para que no se investigue lo sucedido en la caja madrileña. Una buena prueba de ello es la suspensión de la investigación judicial sobre la compra de City Bank of Florida por parte de la caja madrileña. Algo a lo que la Fiscalía no ha puesto ningún reparo, después de que se haya cambiado el juez que instruye el caso. Desde el Ministerio de Justicia no se puede interferir en la acción de los tribunales y parece que se está haciendo para defender los intereses del ministro. Gallardón fue el valedor de Blesa en Caja Madrid en la batalla política que mantuvo con Esperanza Aguirre en 2009 por el control de la entidad. Ambos querían convertir la entidad en la financiera de sus proyectos. De la deuda que ha quedado a los madrileños son ambos responsables. Como lo es Blesa de que Caja Madrid haya pasado de ser la quinta entidad financiera de España a su nacionalización. Rajoy no puede tolerar que un miembro de su Gobierno, y más si es titular de la cartera de Justicia, maniobre en la forma en que lo está haciendo Ruiz Gallardón desde la Fiscalía en una clara injerencia del Ejecutivo en otro poder del Estado. Si el presidente no destituye al ministro, el escándalo de Caja Madrid acabará afectándole cuando finalmente se aclaren las causas que arruinaron a una entidad de 300 años.
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