La política fiscal y presupuestaria se ha convertido en el principal obstáculo para que la economía española salga con fuerza de la crisis y se recupere rápidamente. Hacienda no ha atacado los componentes del gasto estructural -tamaño y estructura del Estado, empresa pública y programas sociales-.
Ayer mismo dio a conocer un programa de reforma del sector público, que todo lo fía a la voluntad de las CCAA, y en el que ni siquiera queda bien definido el ahorro que pueda suponer. Falta una memoria económica y unas directrices claras, que no existen. Si en esto se concreta el trabajo de tantos meses, el esfuerzo de ajuste de este proyecto -un cálculo somero nos sitúa en torno a los 300 millones- es similar al de la montaña que parió un ratón.
Por el lado de los ingresos, se ha aplicado una subida de impuestos que se ha traducido en una menor recaudación para las arcas públicas por su impacto negativo sobre el consumo y la inversión privada. La carrera alcista de la deuda pública es la muestra palpable de la insuficiencia del ajuste presupuestario y de su insostenibilidad en el medio plazo.
Debemos casi tanto como la riqueza que producimos y es posible que la deuda, si no se toman medidas, llegue a ser mayor que el PIB nacional. Es imposible sanear las finanzas públicas y lograr los objetivos de déficit pactados con la UE sobre la base de la congelación del sueldo a los funcionarios, el recorte de la inversión pública y el mantenimiento de un sistema fiscal lesivo para el crecimiento económico.
Las últimas medidas adoptadas por Hacienda -retrasar el pago de la deuda a las farmacias y la negativa a absorber parte del déficit tarifario- son un intento chapucero y desesperado de cerrar un déficit para el conjunto de las Administraciones Públicas por debajo del 7% del PIB. Como sucedió en 2012, Hacienda embalsa el gasto público y lo traslada al próximo ejercicio confiando en que la reactivación económica le permita obtener los ingresos necesarios para conseguir el objetivo de déficit presupuestado.
Al igual que ocurrió en la etapa de Zapatero, Montoro confía a factores que el Gobierno no puede controlar la corrección del desequilibrio de las finanzas públicas. El último presupuesto ya constituye una renuncia a la austeridad, pues el gasto público crece por encima del PIB. Sin un cambio radical en la política fiscal se corre el riesgo de consolidar una ratio déficit/PIB en el entorno del 6% durante un largo período de tiempo, al menos, durante 2014 y 2015. Un desequilibrio letal para la reactivación económica.
En este contexto, es difícil, por no decir imposible, que la UE permita que España reduzca impuestos. La reforma fiscal anunciada para 2014 corre el riesgo de convertirse en un retoque que no aborde a fondo el problema. El mantenimiento de un déficit en el nivel actual durante varios años, junto a una deuda pública disparada, hace a la economía española muy vulnerable a cualquier shock externo. La política fiscal y presupuestaria es el talón de Aquiles de nuestra economía. Con el agravante de que resta eficacia al esfuerzo de ajuste realizado por el sector privado, que se ha visto compensado y, en parte neutralizado, por el desajuste del público.
La programación presupuestaria y fiscal del Ministerio de Hacienda no sólo no funciona, sino que además es incompatible con el supuesto ideario liberal-conservador del Ejecutivo y con la política desplegada por el resto del equipo económico del Gobierno. En el lado de la oferta y de las reformas estructurales, el PP actúa con criterios liberales, en el del gasto y de los impuestos es netamente socialdemócrata, por no decir socialista.
Esta tendencia es insostenible y debe ser corregida.
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