¿Por qué no se aplica el mismo recorte del sector eléctrico al gasto de la Administración?
El Fondo Monetario Internacional (FMI) echó esta semana un jarro de agua fría a la ansiada recuperación de la economía española. Cuando todos los indicadores apuntan a que en los próximos meses podemos volver a registrar crecimiento, el organismo internacional nos devolvió a la casilla de salida al reducir las previsiones de crecimiento al cero por ciento. El argumento es que la retirada de la política de estímulos en EEUU mermará el dinamismo económico, sobre todo en los países con más problemas, como los de la periferia europea.
La rebaja unos días después del rating de la deuda italiana agrava nuestras dificultades. El mercado teme que España, cuya deuda es considerada casi bono basura con perspectiva negativa por las agencias de calificación, pueda sufrir una degradación adicional. Esta inquietud devolvió la prima de riesgo al entorno de los 320 puntos y la rentabilidad del bono a diez años a casi el 5 por ciento.
El lío montado por Luis Bárcenas, con la revelación de papeles sobre presuntos pagos a Rajoy, complica el panorama porque a la inestabilidad económica se añade la política. La culpabilidad de Rajoy en este asunto está por demostrar. No se puede dar credibilidad al testimonio de un presunto delincuente, que cambia con tanta facilidad la versión de los hechos ante el juez. Si hace unas semanas aseguraba que las fotocopias que inculpan a Rajoy y a su Gobierno son falsas, ahora defiende lo contrario.
La clave está en si Bárcenas tiene los recibís firmados por sus presuntos benefactores, porque si no es así, más valdría que se callara. Ya hubo otros personajes, tan infiables como él, que intentaron tirar de la manta y acabaron arrollados por ella. Lo que sí puede conseguir Bárcenas es tumbar definitivamente la imagen de los políticos, sobre todo del PP, y complicar la reelección del Gobierno. La opinión pública está cansada de soportar escándalos y recortes, que siempre recaen sobre los mismos.
En este aspecto, el ministro de Industria, José Manuel Soria, presentó ayer en el Consejo de Ministros la reforma energética, una de las más ambiciosas abordadas hasta ahora por el Ejecutivo, en mi opinión. El proyecto tiene como objetivo acabar con el déficit de tarifa eléctrico a partir de 2014. Se trata de un plan valiente que reparte, en teoría, las cargas a partes iguales entre el sector eléctrico tradicional y el de las renovables, con el objetivo de reducir al mínimo el impacto en la factura de la luz que pagamos los consumidores. El recibo eléctrico subirá el 3,2 por ciento en agosto, pero sin estos ajustes se hubiera incrementado más del 40 por ciento en el año.
El sector renovable sufre el golpe mayor. La supresión del sistema de primas pone en tela de juicio su remuneración, con carácter retroactivo. El Gobierno garantiza un rentabilidad del 7,5 por ciento a las energías renovables. Un porcentaje aparentemente alto, pero que puede llevar a la quiebra a parte de estas empresas. Sobre todo, aquellas que representan más fielmente la España del pelotazo, que invirtió apalancándose en el 80 o el 90 por ciento, con la promesa por parte del Estado de retornos del 18 o el 20 por ciento a su inversión. Unas rentabilidades imposibles de sostener y menos con cargo al erario público.
El Gobierno se acoge para defender sus recortes a un par de sentencias del Tribunal Supremo, que consideran suficiente con que se garantice una "rentabilidad razonable", como se prometía en la Ley. Pero la polémica está servida. Los grandes fondos amenazan con emprender litigios internacionales por la violación del principio de seguridad jurídica de sus inversiones. Una medida que dañará inevitablemente la credibilidad y la marca de España en el exterior y actuará de freno para nuevos inversores, que tan necesarios son en este momento.
Se trata, en definitiva, de un ajuste muy duro y doloroso, pero inevitable para volver a la senda del equilibrio presupuestario. El proyecto de ley introduce, además, garantías para que no se produzcan desequilibrios en el futuro, como la imposibilidad de bajar los peajes, con los que se calcula la mitad del recibo de la luz, si hay déficit de tarifa. Todo mi aplauso en este sentido.
La pregunta para la que no encuentro respuesta es por qué el Ejecutivo de Rajoy no mete la tijera con igual énfasis y entusiasmo a la gigantesca estructura de gasto de las Administraciones Públicas, tanto central como autonómicas. Siempre se recurre a los mismos, las empresas, a las que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tiene crucificadas con la supresión de deducciones fiscales y la subida de impuestos y, por supuesto, a los ciudadanos. ¿Cuándo les tocan los sacrificios a ustedes, los políticos? Eso explica parte del éxito del vodevil de Bárcenas. Pocos darían credibilidad a un delincuente de esta calaña si no es porque estamos hartos de ver cómo los políticos disfrutan de los privilegios de sus cargos, mientras reparten el coste entre los demás.
Así es la reforma energética
