Los parches de la presidenta Cristina Kirschner no logran ocultar una inflación del 25% anual.
Argentina está a las puertas de una severa crisis, pese al superávit comercial en 2012 gracias sobre todo a los precios de la soja, su principal producto de exportación. El problema es la desconfianza de los agentes económicos en su sistema político. Los parches del Gobierno no dan resultado y muestran la inviabilidad de la situación. Congelamiento de precios, cepo cambiario, swap (intercambio) de divisas con China, blanqueo de dólares no declarado y restricciones a la importación no logran ocultar la inflación, que según cifras del sector privado es del 25 por ciento anual. El 97 por ciento del empresariado ve la inflación como principal complicación seguida de exceso de regulación (87 por ciento) y corrupción (79 por ciento). Consideran amenazas para la empresa el aumento de la carga impositiva, los costes de energía y de materias primas y una inadecuada infraestructura.
El deterioro de las cuentas públicas se financia con emisión monetaria, que alimenta el alza de precios. La inflación corroe la confianza de los argentinos en el peso fomentando la demanda de dólares y la creciente brecha entre la cotización de la divisa en los mercados formal y paralelo. La retirada masiva de depósitos en moneda extranjera en los bancos locales afecta a las reservas del Banco Central.
Particular gravedad reviste el sector energético que funcionaba satisfactoriamente al comenzar la gestión kirchnerista. Con una demanda sostenida y bajísimas tasas de interés en los mercados de capitales a partir de 2003 el petróleo alcanzó un promedio de 90 dólares el barril. Estas condiciones aún vigentes produjeron un interés global por invertir en energía en países como Argentina con potencial humano y recursos naturales.
Con el kirchnerismo se pasó de un sector energético netamente exportador que aportaba a la balanza comercial más de 6.000 millones de dólares al actual escenario con importaciones crecientes y un déficit en el intercambio que este año superará los 4.000 millones de dólares. Producción y reservas de hidrocarburos disminuyeron y el descapitalizado sector eléctrico es caro, obsoleto e inseguro.
El Gobierno niega el problema. Insiste en mostrar como virtudes sus principales causas: congelamientos, subsidios y retenciones; medidas discrecionales que agravan la crisis, como fijar precios máximos a los combustibles.
Es necesario incrementar y comercializar los recursos energéticos. Se requieren ingentes inversiones generando políticas de Estado que permitan recuperar confianza internacional mediante instituciones fuertes y justicia independiente - muy difícil cuando el Gobierno se empeña en someter al Poder Judicial. Asimismo habrá que honrar las deudas pendientes, acatar los fallos de los tribunales y recomponer con Repsol el despojo de sus acciones en YPF.
Argentina es la única nación latinoamericana que retrocede en energía. Los actuales responsables de política energética llevan diez años en funciones. Nunca hubo un mismo ministro en esta área durante 120 meses. Es difícil entender esa pasividad cuando han caído la producción de gas (un quinto menos) y de petróleo (un tercio) durante este periodo. Los cepos cambiarios han sido la única - simplista- respuesta a este retroceso productivo. Intentar cubrir esta pérdida de recursos totalmente con importaciones de hidrocarburos costaría en el futuro a los argentinos más de 300.000 millones de dólares. En lugar de una política energética sensata las autoridades impulsaron el capitalismo de amigos en la adjudicación de áreas petroleras para exploración. En el megayacimiento patagónico de Vaca Muerta los inversores internacionales se han mostrado reacios a aportar los miles de millones de dólares necesarios para su desarrollo debido a las dudas que generan las políticas intervencionistas de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Habría una salida ordenada a la crisis: moderar los subsidios, ordenar las cuentas fiscales y negociar con el Club de París para lograr financiamiento externo. La falta de transparencia en el mercado cambiario impide la inversión. Urge ante todo reconocer la inflación sancionando en el Congreso una reforma integral del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, Indec. Las estadísticas oficiales del cuestionado Instituto esconden a más de seis millones de personas en la pobreza. Pero es muy improbable una solución con este Gobierno. Cualquier decisión sobre la política económica se tomará después de las elecciones legislativas de octubre con lo que los costes en términos de actividad y empleo serán cada vez mayores. La economía argentina se encamina hacia un inevitable ajuste fiscal y cambiario.
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