No seré yo quien me erija en crítico de una ley tan deseada y esperada como llena de estímulos y reducción de costes para la economía real, además de dinamizadora del crecimiento y la creación de empleo. Un texto legal que resuelve algunos de los lastres más gravosos que han tenido que soportar desde siempre los emprendedores de este país, tradicionalmente asfixiados por la presión fiscal, las cotizaciones sociales, las trabas burocráticas y el desamparo en situaciones de siniestralidad empresarial o cierre de negocio.
Pero, aún reconociendo todas sus virtudes, conviene también señalar algunas deficiencias, pocas, pero no por ello menos importantes y que se concentran fundamentalmente en la financiación. Huérfana de recursos económicos -las líneas ICO son las ya existentes con los mismos 22.000 millones de dotación ampliada para 2013-, en el texto aprobado se echa de menos el recurso al microcrédito como fórmula de financiación alternativa y que se ha utilizado ya con éxito en otros países europeos. Y, me consta, que el tema estuvo en la mesa del Gobierno.
Porque la microfinanciación es una de las opciones autorizadas para eludir los criterios de riesgo financieros que exige Basilea y permite acceder con menos garantías y avales a créditos de hasta 25.000 euros a cualquier persona física que tenga un proyecto inicialmente viable, además de a los colectivos que cada país designe como prioritarios, generalmente mujeres y jóvenes de hasta 30 años. Curiosamente a los que más se pretende estimular con esta ley emprendedores. Y resulta más extraña esta exclusión cuando el Gobierno sí ha tenido a bien incluir otros instrumentos también alternativos a Basilea, como el business angel o el capital semilla.
Al mismo tiempo, la regulación del IVA de caja, que entrará en vigor en 2014, deja en el aire la obligatoriedad y los criterios de regulación del pago del impuesto de este año para poder acogerse al nuevo régimen especial. Son olvidos, mínimos defectos, pero que sería deseable pudieran subsanarse en los trámites de audiencia pública y parlamentario.
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