Hay experiencia sobrada de entes supuestamente autónomos que incumplen su función por su dependencia del poder.
El Consejo de Ministros aprobó el viernes la creación de la Autoridad Fiscal Independiente, una institución que pretende emular a las que existen en otros estados para controlar las cuentas públicas. Sin embargo, el proyecto elaborado por el departamento de Montoro "siembra dudas sobre su independencia real", como critica la asociación profesional de técnicos fiscales. No es para menos. El titular de Hacienda propondrá el nombramiento del presidente de esta oficina al Consejo de Ministros para un mandato de tres años renovable por otros tres. Por este procedimiento también serán elegidos los directores de división. La participación del Congreso es prácticamente nula. Es una falacia hablar de la independencia de un ente cuyos miembros son nombrados por el mismo poder que debe controlar. El Gobierno se autoengaña si cree que esta reforma va a servir para cumplir el objetivo de lograr mayor transparencia, control y garantía de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. La cuestión es si Bruselas lo va a considerar adecuado, porque a la Autoridad Fiscal le sobra su apellido de independiente. En España tenemos sobrada experiencia de organismos supuestamente autónomos que no cumplen su función por sus lazos demasiado estrechos con el Ejecutivo. Es difícil creer que con estos mimbres el nuevo organismo vaya a funcionar y que, por fin, alguien realice un control efectivo de la liquidación de los presupuestos en tiempo y forma adecuados. Es muy grave que el Gobierno no se tome en serio las reformas y que desde dentro del Consejo de Ministros no haya salido ninguna voz advirtiendo que el nombramiento a dedo en vez de garantizar la independencia tiene el efecto contrario.
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