Creciente inquietud sobre la aparición de nuevos datos sobre negocios de Corinna en España.
Rajoy y Montoro se desgañitan prometiendo que España saldrá del atolladero en 2014 y los grandes empresarios, agrupados en torno al Instituto de Competitividad, comienzan una gira internacional para poner en valor las buenas perspectivas económicas de España. Sin embargo, concluimos una semana horribilis, en la que el paro se resiste a bajar (sólo 5.000 desempleados menos el pasado mes, incluido el efecto Semana Santa); Pescanova se suma al rosario de suspensiones de pagos emprendida por otras sociedades como Orizonia o Reyal Urbis, y el magistrado José Castro da un giro copernicano de 180 grados e imputa a la hija menor de los Reyes, la infanta Cristina. Todo apunta a que lo ganado en competitividad, a base de reducción de salarios y de pérdida de empleo, cae en saco roto por culpa del sinfín de escándalos político-financieros. Por si no tenemos bastante, además están las salidas de pata de banco y las contradicciones permanentes en el seno del Eurogrupo.
El caso de la Infanta Cristina marcará un antes y un después en la historia de la Monarquía española. Con la excepción de un tropiezo jurídico de Alfonso XIII en un asunto relacionado con una carrera de galgos, jamás un miembro de la Casa Real había estado bajo sospecha de la Justicia. La "sorprendente" decisión del magistrado, en opinión de la Casa Real, se debe a que la Infanta prestó su nombre como miembro de la Corona a su marido, Iñaki Urdangarin, para que hiciera negocios, no sólo con las administraciones sino con las empresas privadas. La firma de cazatalentos Seeliger y Conde, que recientemente fichó a Esperanza Aguirre, nombró por ejemplo como miembros de su consejo asesor a la infanta y a su marido.
No existe acusación concreta a la infanta, lo que dio pie al recurso en apelación del fiscal Pedro Horrach, frente a la opinión del magistrado, que sostiene que podríamos encontrarnos ante un caso de "cooperación necesaria". Pero más allá de los juicios de valor sobre si existen fundamentos jurídicos suficientes, lo preocupante es que la decisión pone en cuestión a la principal institución del Estado y empaña la imagen exterior de España, en un momento muy delicado. Si la corrupción puso en tela de juicio la credibilidad y la seguridad jurídica de nuestro país, la imputación de la infanta añade mucha incertidumbres al futuro y contribuirá a retrasar la llegada de la recuperación que tanto ansían los empresarios.
La inquietud es creciente sobre la posibilidad de que aparezcan nuevos datos sobre la colaboración de algunas grandes empresas con Corinna zu Sayn-Wittgenstein. La amiga del monarca jugó un papel activo en la captación de dinero de estas sociedades tanto para la fundación Laureus, como para la organización de eventos tales como la visita del Papa a Valencia o la Copa de Vela.
El temor a que aparezcan detalles de estos contratos suscita un intenso debate dentro de la institución monárquica entre los partidarios de que el monarca abdique cuanto antes en su hijo el Príncipe Felipe. En el lado opuesto, está el Rey, quien prefiere mantenerse en su puesto, alegando que así podrá defender mejor los intereses de la Corona, aunque estaría dispuesto a marcharse en última instancia.
¿Puede la economía aguantar más escándalos? Es evidente que no. El Rey debe pensar en el bien de España y en de la propia institución monárquica y tomar una rápida decisión, aunque sea dolorosa para sus intereses personales. De lo contrario, los esfuerzos económicos del Gobierno y de los ciudadanos pueden resultar en vano.
Por lo demás, cada vez hay más evidencias de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, está dispuesto a renunciar a la consulta soberanista, así como a romper la alianza con ERC a cambio de más ayuda para Cataluña. La fórmula la dio el ínclito ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, quien en ocasiones opera como si lo fuera de Asuntos Económicos varios, como ampliar el trozo de la tarta del IRPF para las autonomías. La propuesta favorece a las CCAA de mayor renta, entre las que están Cataluña y Madrid, con lo que Rajoy desactivaría de paso al presidente madrileño, Ignacio González, quien encabeza la rebelión del resto de autonomías contra la fórmula del déficit a la carta promovida por el dispar Cristóbal Montoro. El ministro de Hacienda parece que acierta cada vez que rectifica. Su último remedio es un plan de proveedores para atajar los retrasos en los pagos, ante la exigencia de Bruselas de que las facturas se abonen a 30 días. Un parche, que no resuelve el conflicto autonómico.
Más en Opinión
