En los próximos años, millones de trabajadores van a transitar de unos empleos a otros.
Un día tras otro asistimos a una sucesión continua de expedientes de regulación de empleo, vivimos con estremecimiento una crisis retransmitida en directo, cierres de empresas, despidos colectivos y crecimiento del desempleo. Cerramos los ojos, contenemos la respiración y esperamos a que lo peor pase pronto, a que la economía se estabilice, recupere la senda del crecimiento y cesen por fin las noticias de expedientes de regulación de empleo. Pero eso, aún cuando la situación empiece pronto a mejorar, los procesos de reestructuración empresarial, los expedientes de regulación de empleo continuarán: han venido para quedarse.
Ahora vivimos este fenómeno con mucho dramatismo, inmersos en una fase recesiva de destrucción de empleo; pero detrás de ese drama se esconde una realidad más profunda y de muy largo recorrido. La globalización, la aparición de nuevos competidores y de mercados emergentes o los cambios tecnológicos seguirán forzando ajustes empresariales durante años. Aún cuando en los próximos trimestres reanudemos la senda del crecimiento, seguiremos conviviendo con expedientes de regulación de empleo.
Vivimos ahora una nueva realidad en la que los países de nuestro entorno llevan más de una década inmersos, y de la que nos habíamos mantenido alejados, protegidos dentro de una burbuja de crédito inmobiliarios que ha explotado. Durante los próximos años, miles de empresas van a reestructurarse y millones de trabajadores van a transitar de unos empleos a otros, de unos sectores a otros, en un proceso masivo de transformación y transferencia de competencias de unas actividades empresariales a otras.
La reforma laboral del pasado año, eliminó la obligación de autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo. Pretendía incentivar a empresa y trabajadores, a negociar, preferentemente medidas de flexibilización interna, antes que lograr una autorización.
Los más pesimistas opinaron que bloquearía el diálogo y judicializaría los expedientes. La realidad es que un año después, el número de expedientes no pactados apenas ha crecido y lo ha hecho sobre todo en el caso de los de extinción. El agravamiento de la crisis y el nuevo marco normativo han propiciado un aumento del número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo que en 2012 ha crecido en un 32 por ciento, pero lo cierto es que los que más han subido son los expedientes de reducción que suponían el 17,6 por ciento en 2011 y representan ahora el 20,3 por ciento; mientras que los extintivos pasan del 19,8 al 16,7 por ciento este último año.
Se diría que los interlocutores sociales han sido capaces de mantener un clima de diálogo y de acuerdo, y que hemos aprendido a responder a la caída de la demanda, reduciendo el tiempo de trabajo y no destruyendo empleo; a la vez que se reduce el número de personas que pierden su empleo por extinción de contratos temporales. De alguna manera, en esta segunda fase de la crisis, aunque sólo sea en la vía de salida del empleo, se ha suavizado la dualidad en nuestro mercado de trabajo.
Ahora también toca reforzar una herramienta fundamental, los planes de recolocación externa de los trabajadores que a pesar de todo pierdan sus empleos. En este aspecto estamos dando los primeros pasos, transformando lo que hasta ahora era una medida minoritaria disponible sólo para algunos trabajadores, en lo que tienen que ser un derecho efectivo para miles de personas. Las claves para lograrlo son mantener el diálogo social, articular mecanismos eficaces de colaboración entre los servicios públicos de empleo y las empresas de recolocación; y consolidar un sector solvente y profesionalizado que ofrezca servicios de calidad.
Tenemos que atender especialmente a los trabajadores en mayor situación de riesgo, como los mayores de 45 años, y también a los de las empresas más pequeñas. Es obvio que no podemos renunciar a la libre competencia entre las empresas de recolocación, pero no podemos dejar que el precio sea el elemento que decida cuáles son los planes de recolocación que asistirán a las personas afectadas por reestructuraciones.
Además, aún tenemos que resolver la recualificación de los trabajadores afectados, la participación de los servicios públicos de empleo o del Fondo Social Europeo. Si somos capaces de hacerlo, ayudaremos a nuestras empresas a transformarse y adaptarse a una nueva realidad, contendremos el gasto público en prestaciones por desempleo y sobre todo, haremos más fácil para miles de personas la transición de un empleo a otro.
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