Es necesario reducir el déficit del 6,74 al 5,3 por ciento como mínimo, es decir, alrededor de 14.000 millones.
Hay cosas que no entiendo. Que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, vaya diciendo por ahí que no habrá más ajustes, cuando es necesario reducir el déficit del 6,74 al 5,3 por ciento como mínimo, es decir, alrededor de 14.000 millones. Tampoco comprendo cómo se desviaron tanto autonomías como Murcia o la Comunidad Valenciana -el doble de lo exigido- cuando Montoro presumía de que con la Ley de Estabilidad Presupuestaria controla los pagos y los cobros al milímetro y de que intervendría si alguna oveja descarriada se desviaba de su camino. Sobre todo, después de tanto cargar contra Andalucía y Cataluña, ahora resulta que dos autonomías del PP son las mayores incumplidoras.
La única explicación convincente la he escuchado del consejero de Hacienda murciano, Juan Bernal, quien atribuyó el mal resultado de su autonomía al exceso de celo, ya que "la contabilidad de las facturas se refleja de inmediato". Me preocupa pensar que en el resto no es así. Ello explicaría por qué el déficit de Castilla-La Mancha bajó en un solo año del 7,87 al 1,57 por ciento, o por qué el de Extremadura pasó del 4,79 a sólo el 0,69 por ciento.
La mayoría de las comunidades autónomas cumple su compromiso de déficit porque guardan facturas en el cajón. Hasta el vicepresidente de la Comisión Europea, Antonio Tajani, aprovechó el día de la presentación del déficit para calificar la morosidad de las Administraciones Públicas españolas de "escándalo" y de "desastre", y advirtió que este año habrá tolerancia cero en la aplicación de la nueva directiva europea, que obliga a pagar a 30 días.
Es al contrario de lo que usted dice, señor Montoro, aún queda por hacer el gran ajuste. Pero es que, además, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría anuncia una ley para eliminar duplicidades con el fin de ahorrar miles de millones, que debería conllevar la supresión de organismos enteros, como defensores del pueblo o tribunales de la competencia.
Lo que no tiene perdón es que el ministro de Hacienda no ofreciera el desglose por ingresos y gastos, como se hace habitualmente. Es como burlarse de los contribuyentes. Ahora comprendo por qué el comisario de Economía, Olli Rehn, rehusó pronunciarse sobre la relajación de los objetivos de déficit hasta comprobar su veracidad. Montoro debería bajar un poco sus humos y pensar que los ciudadanos merecen una explicación sobre estos datos.
Iberia
Tampoco entiendo cómo los trabajadores de Iberia van esta semana de nuevo a la huelga, conscientes de que hará polvo las reservas de Semana Santa de la compañía. El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, está firmemente decidido a llevar a cabo los recortes y lo hará por encima, incluso, de la opinión del mediador, Gregorio Tudela. En la cabecera del grupo lo consideran un hombre próximo al presidente del sindicato de pilotos (Sepla), Justo Peral.
Iberia difundió un informe de PricewaterhouseCoopers que señala que "la plantilla de British Airways pasó de 65.000 a 37.000 empleados entre 2000 y 2011, mientras la de Iberia se redujo de 28.000 a 20.000. Además, sus costes unitarios subieron el 30 por ciento".
Los sindicatos confían en que la ministra de Fomento, Ana Pastor, se vea obligada a imponer un arbitraje que respete parte de sus condiciones. Una falsa esperanza. Sáenz de Santamaría ha advertido ya a Pastor de que no se entendería tal medida en el resto de las empresas. Grandes grupos bancarios, constructores o energéticos están sumidos en reducciones de personal, que solicitarían lo mismo. El paradigma es Aena, donde los sindicatos aceptaron un ajuste de plantilla sin apenas conflicto.
El arbitraje tendría, por añadidura, un efecto temporal, porque a partir de mayo comienza la renovación del consejo de administración, con la salida progresiva de los vocales españoles hasta 2015, que serán sustituidos por directivos internacionales sin conocimiento de España.
El consejero independiente a propuesta de Iberia, James Lawrence, en la actualidad consejero delegado de Rothschild, llegó a plantear el cierre de Iberia ante la imposibilidad de solventar el conflicto.
Las broncas en el consejo entre Walsh y los españoles son sonadas, para hacerle entender por qué deben mantenerse determinadas líneas deficitarias. Una de ellas tuvo como protagonista al propio César Alierta, presidente de Telefónica, que es consejero independiente a propuesta de British Airways. Para colmo de males, se rumorea que Walsh está dispuesto a sustituir Iberia por Vueling, que superó su cuota en España y es mucho más competitiva. Además, se lleva muy bien con su primer ejecutivo, Álex Cruz, que vive con toda su familia en Londres. Un golpe mortal para la T4 en Madrid en favor de El Prat en Barcelona que el Gobierno no puede permitirse.
Más en Opinión
