El gobernador del Banco de España inicia una política de maquillaje en vez de aforntar problemas.
El año comenzó con buen pie. La bolsa sube más del 5 por ciento, la prima de riesgo se acerca a los 300 puntos básicos y la rentabilidad del bono a diez años baja del 5 por ciento. ¿Qué más se puede pedir? Hasta el gobernador del Banco Central Europeo, Mario Draghi, asegura que la economía puede contagiarse del optimismo. España recupera la confianza, como señala el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ello ha permitido que las grandes compañías puedan volver a financiarse de manera más barata en los mercados, un hecho inédito en los dos últimos ejercicios.
Sin embargo, si usted se pregunta cuándo saldremos de la crisis, obtendrá mi silencio por respuesta. Nadie lo sabe con certeza. Los mercados suelen adelantar en alrededor de seis meses la marcha de la economía real, la que más afecta a nuestros bolsillos. De ese modo, los primeros síntomas de recuperación deberían aparecer en el segundo semestre, como vaticina el ministro de Economía, Luis de Guindos. No obstante, antes habrá que sufrir un poco. El desempleo superará la barrera de los seis millones este trimestre, lo que provocará nuevas caídas del consumo y de la actividad durante muchos meses más.
En este contexto, es clave conocer la evolución del déficit del pasado ejercicio. Montoro aventuró la semana pasada que siete autonomías incumplirían sus objetivos. Pero varios de sus gobernantes, entre ellos la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se apresuraron a desmentir los pronósticos del ministro. La pena es que van a conseguir cuadrar sus números mediante el aplazamiento del pago de las facturas de los proveedores.
Si la cifra final de déficit no rebasa el 7 por ciento será un espaldarazo a la economía española y confirmaría los positivos augurios del Gobierno. Por si esto no es así, Europa pone paños calientes. El comisario de Economía, Olli Rehn, reiteró ayer que España puede obtener un aplazamiento del déficit. Su flexibilidad obedece a que Angela Merkel está dispuesta a aplazar los ajustes en el sur de Europa para facilitar este otoño su reelección como canciller.
De los trucos de los que echan mano las autonomías es un buen exponente Cataluña. Como revela hoy elEconomista, la Generalitat amenazó a Acciona para que desembolsara el primer canon del contrato de aguas de Barcelona, con objeto de pagar la nómina de sus funcionarios, y unos días después ordenó revocar la adjudicación. El mismo funcionario que dictó la suspensión del contrato, Juan Antonio Gallo, lo había ratificado poco antes para obligar a la empresa de la familia Entrecanales a abonar casi 300 millones. Con este dinero, la Generalitat se acercará a su objetivo de déficit si Montoro lo permite. El consejero de Presidencia Francesc Homs, próximo a Artur Mas, debería salir a la palestra a dar explicaciones sobre este turbio asunto.
Tampoco existe indicio de que las vías de financiación vayan a abrirse para las pequeñas y medianas empresas. Al contrario, tanto las pymes como los ciudadanos, los principales contribuyentes del saneamiento de la banca, serán víctimas de su regulación.
El gobernador del Banco de España, Luis Linde, ha emprendido una operación de maquillaje de la institución. El memorando que prepara en respuesta a las demandas de Bruselas para reforzar los procedimientos de inspección y evitar errores de gestión en las entidades se quedará en agua de borrajas. Linde no está dispuesto a acceder a las reivindicaciones de los inspectores, como que sus informes lleven firma de autor, para que luego se puedan exigir responsabilidades a quienes eludan su contenido.
El origen de toda esta crisis bancaria que nos costará algo más de 100.000 millones a los contribuyentes está en que la anterior cúpula del Banco de España, bajo la presidencia de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, hizo caso omiso de los informes de inspección. Éstos eran luego manipulados y edulcorados, o directamente se omitían por parte del director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello, y su equipo, en la confianza de que la recuperación volvería a sanear las cuentas de las entidades. El error de cálculo del Banco del España, ya que la economía en lugar de mejorar empeoró, produjo el hundimiento de la mitad del sector financiero, las antiguas cajas de ahorros.
Linde está dispuesto a poner más inspectores, pero no a darles más poder, con lo que de nuevo todo queda en manos del gobernador y de su capacidad para discernir por dónde va el futuro.
Para colmo de males, prepara una directiva que limitará la remuneración de los depósitos bancarios con objeto de proteger la cuenta de resultados de las antiguas cajas. Nuevamente, los ciudadanos, que soportan su saneamiento, serán los más perjudicados en aras de proteger a esos bancos, lo que aparentemente vulnera las más elementales normas de competencia. Como se ve, pese a la inyección de optimismo de Draghi, aún quedan muchos pecados por purgar.
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