Entre la decena de enmiendas presentadas por parte del Grupo Popular al proyecto de ley de medidas fiscales para la estabilidad energética, llama la atención la propuesta de trasladar un porcentaje de la financiación de las energías renovables a los presupuestos generales del Estado.
Se trata de una corrección de gran importancia al texto original del Gobierno, un nuevo enfoque sorprendente porque refleja un cambio de visión que distorsiona precisamente el problema que se trata de atajar.
Como punto de partida debemos recordar que las energías renovables reciben una financiación especial o apoyo financiero porque, entre otras cosas, las tecnologías tradicionales trasladan costes a los ciudadanos que ni son pagados por las empresas, como debería suceder, ni son repercutidos en los precios que pagan los usuarios.
Así, es el conjunto de la población, de forma solidaria e independientemente de los hábitos de consumo de cada uno, y no los consumidores, quien sufraga estos costes. A nadie se le escapan los dañinos efectos que sobre la salud y la calidad de vida tiene la polución atmosférica, ni el enorme impacto sobre la población mundial que tendrá el cambio climático si no conseguimos detener sus indeseadas consecuencias a tiempo. Pues bien, la producción y el consumo de energía a partir de recursos fósiles son los grandes causantes de ambos.
Energías limpias
A lo largo de la última década, cada vez más conscientes de los potenciales riesgos medioambientales, los Gobiernos han ideado mecanismos para que los consumidores, hogares y empresas sean conscientes y responsables de sus decisiones y actúen de forma más eficiente. Uno de los mecanismos más directos ha sido crear un mercado de emisiones, que incentiva a invertir en mejoras en eficiencia energética o en la sustitución de unas fuentes energéticas por otras mas limpias. En este caso, el sector responsable de los daños se responsabiliza, al menos en parte, de ellos.
Sin embargo, ante las insuficientes mejoras y la necesidad de avanzar en el desarrollo de alternativas a las fuentes energéticas fósiles, la mayor parte de los Gobiernos han lanzado medidas específicamente enfocadas a la implantación de tecnologías limpias. En este contexto podemos distinguir hipotéticamente entre dos formas de apoyo: las subvenciones, sufragadas por el conjunto de la población en forma de impuestos o exenciones fiscales, y las ayudas, financiadas por todo o por una parte del consumo energético. Entre estas dos vías existen importantes diferencias conceptuales.
Las subvenciones igualan las energías limpias con las fósiles a la baja. Es decir, las energías contaminantes no se hacen cargo de los costes que generan a la sociedad, y las energías limpias son tratadas como si generaran un coste a la sociedad. De nuevo es el conjunto de la población de forma solidaria, y no los consumidores, quien se hace cargo de todos los costes, artificialmente socializados. El resultado es un precio de la energía que sigue sin lanzar señales eficientes a los usuarios y que induce a un mayor consumo, que en buena parte será abastecido por las energías tradicionales. Esto resulta enormemente paradójico porque el mayor gasto público no conduce en modo alguno al objetivo deseado de reducción de polución y emisiones.
Las subvenciones, por añadidura, contribuyen de manera perversa a la creación de una conciencia en contra de las energías renovables, porque es más sencillo ver su impacto negativo sobre los presupuestos, medido fácilmente en millones de euros, que el de las tecnologías tradicionales, que se dispersa entre el gasto público y privado en sanidad y medicamentos, en limpieza de edificios, o en costes necesarios para mitigar el impacto del cambio climático.
Por el contrario, las ayudas financiadas por los consumidores incorporan al sistema energético al menos una parte de sus propios costes y recaen de forma clara sobre los responsables del problema, incentivando la eficiencia energética y la reducción de emisiones, objetivos últimos y principales de toda esta política.
Es cierto, y el Gobierno debería tenerlo en cuenta, que en estos momentos el sector eléctrico está haciendo la mayor aportación al desarrollo de las energías renovables, y habría que evitar que esto indujera una indeseada sustitución de electricidad por otras alternativas con menor componente renovable. Pero este problema tampoco se resuelve con la enmienda del Grupo Popular.
Por ultimo, dicha propuesta parlamentaria tampoco está justificada por la necesidad de reducir el déficit tarifario, puesto que existen partidas monetarias alternativas casi equivalentes en cuantía, perfectamente justificables desde un punto de vista social o de equilibrio territorial y que ya estaban previstas en la ley, como es el caso de los extractes de los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que hasta este año estaban siendo parcialmente financiadas con los presupuestos generales del Estado.
La financiación completa de esas partidas tendría el mismo impacto sobre el déficit tarifario y sobre las cuentas públicas, pero transmitiría un mensaje muy distinto y más eficaz a los ciudadanos.
Pedro L. Marín, Socio en The Brattle Group en Londres.
Los PGE incluyen financiación a renovables