Algunas empresas pujan por aupar a Josep Piqué como el Monti español para acometer reformas.
El Gobierno está feliz y ajeno a los problemas reales que agobian a los empresarios. Se frota las manos ante la inminente victoria de Alberto Núñez Feijóo en Galicia. Se ha volcado en este triunfo. Removió Roma con Santiago para lograr el contrató de Pemex para los astilleros gallegos y luego hizo que el ministro de Industria, José Manuel Soria, abaratara el recibo de la luz a las grandes empresas ante la amenaza de la multinacional del aluminio Alcoa de cerrar sus instalaciones en Vigo. El próximo paso será adjudicar Novagalicia Banco a una de las grandes entidades financieras -en Moncloa lo emparejan con el BBVA presidido por el gallego Francisco González- para acabar de una vez con la pesadilla de las participaciones preferentes, que ha enturbiado la campaña electoral.
Más complicado está el resultado electoral del País Vasco. La mayoría aplastante del nacionalismo, si se suman los votos de Bildu y PNV, unida a la deriva nacionalista de Artur Mas, apunta a una inquietante fragmentación de España. Pero todo a su tiempo. Rajoy está concentrado en ganar las elecciones gallegas primero y luego en obtener un buen resultado en Cataluña, antes de intentar buscar un remedio.
El empresariado catalán también confía en que la propuesta soberanista de Mas pueda reconducirse una vez haya logrado su objetivo electoral. De momento, está asustado ante un posible boicot a sus productos en el resto de España. Sobre todo, por la cercanía entre las elecciones catalanas y las Navidades. Aun así, votará en masa a Convergència i Unió (CiU) porque teme que si no logra mayoría absoluta se vea obligada a pactar con ERC. El sondeo publicado el pasado fin de semana por La Vanguardia muestra que muchos electores de CiU se conformarían con un pacto fiscal. Rajoy ofreció, al parecer, en su último encuentro en Moncloa con Mas una reorganización de la financiación autonómica, pero no obtuvo respuesta, por lo que retiró su oferta.
El presidente catalán presiona por todos los medios a su alcance para que no surjan más empresarios como el presidente de Planeta, José Manuel Lara, dispuestos a marcharse de Cataluña si se proclama independiente. También está enfadado con el presidente de la patronal española, Joan Rosell, por la tibieza mostrada en la defensa de los planteamientos catalanes. Y lo que le sabe aún peor: el presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, aplazó hasta enero una manifestación de empresarios prevista para el pasado día 18 por temor a que alguno se desmarcara en favor de la independencia de Cataluña. El presidente de la CEOE ha logrado aglutinar al núcleo duro, con excepción del andaluz Santiago Herrero, su eterno rival. Hasta la patronal madrileña presidida por Arturo Fernández cierra filas hasta ahora con Rosell, con la salvedad de José Antonio Segurado, a quien se considera que va por libre y es poco representativo.
La sorpresa puede saltar la próxima semana, ya que el exministro de Industria Josep Piqué intenta ganar el apoyo de grandes grupos empresariales para hacer un pronunciamiento en contra del soberanismo de CiU. La mayoría de las empresas apoya la iniciativa, incluidas las catalanas, pero casi ninguna quiere poner su firma.
El plan de Piqué cuenta, por supuesto, con el apoyo del Ejecutivo, aunque forma parte de una iniciativa más amplia para ofrecer soluciones al Gobierno ante la crisis. Muchas empresas empiezan a desmarcarse en privado de la política económica, por la lentitud en tomar decisiones firmes que conduzcan a un recorte drástico del déficit público y a recuperar la inversión y el empleo. Este colectivo de sociedades ve en Piqué una especie de Mario Monti a la española, que pondría en marcha los recortes sin las cortapisas del Ejecutivo. El primer paso consiste en convencer a Rajoy para que le nombre vicepresidente, al frente de una suerte de Gobierno de tecnócratas.
La espoleta del descontento empresarial fue el Presupuesto para 2013, que contiene previsiones poco creíbles. El Gobierno, según explica el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, confía en limitar el descalabro de la economía el año que viene gracias a un fuerte abaratamiento de la deuda pública. Montoro incrementó en más de 9.000 millones el gasto público sólo para pagar los intereses de la deuda, lo que llevó esta partida por encima de los 38.000 millones. Pero si España solicita al rescate y la prima de riesgo baja con fuerza se ahorraría una parte de lo presupuestado. El Gobierno confía en que la prima de riesgo caiga hasta el entorno de los 200 puntos tras la obtención de la línea de liquidez y también en que comience a fluir el crédito a las empresas, como muy tarde a finales de año. El sector privado es mucho más escéptico.
Otro factor clave que debería contribuir a resucitar la actividad, siempre en opinión del Ejecutivo, es el banco malo. La nueva entidad, que adoptará el nombre oficial de Sareb, arrancará a fin de año. Pero el rescate y el Sareb son una incógnita, de momento. La canciller Angela Merkel se resiste a aceptar la línea de crédito que pide Rajoy, como adelantó elEconomista, porque lo considera una trampa con la única finalidad de que el BCE compre deuda española de manera ilimitada. Por eso, desde Economía se le denomina como rescate virtual.
En su lugar, Merkel aboga por el rescate tradicional, con una cantidad de dinero cerrada para comprar bonos en el mercado primario y dejar abierta la puerta a la intervención del BCE en caso excepcional. España intenta convencer a Italia para que ambos soliciten un rescate virtual y ganarse el apoyo del presidente francés, François Hollande, para crear un frente común ante Merkel. No es la primera vez que una victoria del sur se torna en una derrota en toda regla. En el plan de rescate de la banca española, la deuda, que iba a ser asumida por el mecanismo de rescate europeo (MEDE), al final será responsabilidad del Tesoro español.
Los mercados han reaccionado positivamente porque descontaban que, una vez resuelto el problema español, el euro estaría a salvo. El Ejecutivo confía en alcanzar un compromiso en las próximas semanas o meses. En el fondo, la pelea está en la condicionalidad que pedirá Bruselas. En un rescate virtual sería suave, mientras que en el total sería mucho más estricta.
Los empresarios están disgustados por la marcha de los recortes. Urge una reorganización que elimine organismos públicos y duplicidades con autonomías y municipios. Entre enero y octubre salieron cerca de 180.000 efectivos públicos, en su mayoría interinos, pero la gran masa de empleados sigue intacta. En ocasiones, se suprimen departamentos administrativos, y quedan los empleados cruzados de brazos. Rajoy pretende utilizar la victoria de Galicia como una lección ante sus barones regionales, de que es posible ajustar y ganar las elecciones. Quiere comenzar por adelgazar el número de ayuntamientos y de empresas públicas ligadas a organismos locales, alrededor de 1.500.
Tan complejo o más será poner en marcha Sareb, el nuevo banco malo. La entidad debe comprar los activos dañados de las antiguas cajas a precio de mercado si quiere impulsar la actividad económica a corto plazo y atraer inversión extranjera. Los primeros pasos apuntan a que el coste de adquisición será con un descuento adicional de entre el 5 y el 10 por ciento sobre las provisiones exigidas por el ministro de Economía, Luis de Guindos en sus dos reales decretos. El sector inmobiliario lo juzga insuficiente, y el bancario presiona para que la rebaja no sea mayor porque obligaría a reflejar enormes pérdidas en sus balances.
El Gobierno debe evitar lo que ocurrió en Irlanda, donde se compró caro y los precios bajaron durante dos años más. No podemos aguantar tanto tiempo. Si el crédito no fluye se disparará la mortalidad de cientos de pequeñas empresas. Piqué recaba con éxito el apoyo de los empresarios porque, ante la parálisis oficial de una elección autonómica tras otra, urge tomar medidas rápidas. Si no llega pronto el dinero, como en el cuento de Blancanieves, muchos acabarán por preguntarse por el presidente más capaz.
Más en Opinión
