Merkel no quiere sorpresas antes del 12 de septiembre. El Bundesbank apoya echar a los del sur.
Me gusta este verano porque es aburrido desde el punto de vista financiero, acostumbrado al tobogán de los mercados del último agosto. Recuerdo al Gobierno de Zapatero, empeñado en hacernos creer que la culpa era de la volatilidad de este mes, en el que baja el volumen de operaciones y los movimientos al alza o a la baja suelen ser más acusados.
Uno de esos días con las bolsas en rojo, telefoneé a un ministro para compartir su visión sobre el panorama económico:
-No te preocupes ni un minuto más. Ayer estuvimos reunidos con Elena Salgado y José Luis (Zapatero) y nos aseguraron que el déficit se va a cumplir a rajatabla. Poco a poco las cosas volverán a la calma.
Después nos enteramos de que la Unión Europea había exigido a Zapatero un segundo ajuste, porque veía imposible cumplir el déficit del 6 por ciento. Pero éste, en vez de sacar la tijera, adelantó las elecciones a noviembre de 2011. Eso sí, tras autoconcederse cuatro meses de reflexión hasta los comicios. Lo que viene ya lo conocemos todos.
Zapatero conocía que la situación era horrorosa, pero eludió afrontarla, porque implicaba despedir a cientos de miles de empleados públicos -muchos de ellos colocados en sus dos legislaturas de Gobierno-. Intentó aguantar hasta las elecciones, a sabiendas de que la alternativa era mucho peor. En uno de sus últimos viajes oficiales, se sinceró con algunos periodistas afines:
-La economía está mucho peor de lo que parece. El Gobierno que salga de las urnas lo tendrá muy difícil, deberá adelantar las elecciones por el fuerte descontento social.
El expresidente volvió a acertar en sus pronósticos. Rajoy, como Zapatero, es consciente de que sobran 300.000 empleados públicos, a los que hay que añadir alrededor de 200.000 que han salido en el último año.
Rajoy intentó zafarse con una subida del IRPF temprana, que no arrojó resultados. Para más inri, en las últimas medidas se equivocó al suprimir la paga de Navidad a los funcionarios, equivalente a una reducción del 7 por ciento del sueldo. Varias autonomías (Andalucía, Madrid, Cataluña) anularon las rebajas de sueldo para que no se sumaran a las del Estado. Se paga así un coste absurdo, que ya habían asumido los Ejecutivos regionales. Además, logra la rara virtud de poner en su contra a casi todos, principalmente a los sindicatos de la Administración Pública. En todos ellos se apoyarán UGT y CCOO para convocar un referéndum. El primer paso para garantizar el éxito de la huelga prevista para noviembre. El verano transcurre tranquilo, pero el otoño será caliente.
Uno de los principales argumentos ante Europa es que el Gobierno cuenta con mayoría absoluta y con tiempo para hacer sus deberes. Por eso, la gran batalla que plantearán Toxo y Méndez se centrará en deslegitimarlo. Al presidente no le temblará el pulso en forzar la salida de esos cientos de miles de empleados públicos sobrantes, esencialmente porque no tiene alternativa.
Rajoy tiene en contra la economía. Los recortes alimentarán el descontento y debilitarán la actividad y el empleo, lo que podría obligarle a más ajustes.
El segundo frente donde luchar a brazo partido es el autonómico, que debe cargar con gran parte del esfuerzo. Esto conviene aclararlo: el punto más de margen sobre el déficit que nos otorgó Europa (del 5,3 al 6,3 por ciento) será casi sólo para la Seguridad Social, que erróneamente se presupuestó en equilibrio.
Durante su última comparecencia pública, el presidente respaldó a sus ministros de Economía, Luis de Guindos -autor del rescate bancario-, y de Hacienda, Cristóbal Montoro, encargado de mantener a raya a las autonomías. En Moncloa están decididos a llevar adelante la recomendación del Fondo Monetario, partidario de intervenir sin piedad a las autonomías incumplidoras e irredentas. Esta política augura graves enfrentamientos con Andalucía y Cataluña, responsables de casi la mitad de todo el ajuste autonómico.
El Ejecutivo, consciente de sus dificultades, lleva semanas negociando con Bruselas y con Berlín para que el rescate no suponga más recortes. Todo apunta a que así será, con excepción de la edad de jubilación, en la que se debe adelantar el calendario para que sea efectiva a los 67 años. Ahora está a la espera de conocer las condiciones que fijará el Banco Central Europeo (BCE).
Angela Merkel, pese a su impopularidad en España, está dispuesta a echarnos una mano. El problema, como informó esta semana elEconomista, es Italia. Cualquier solución debe incluir al país transalpino, cuyos vencimientos de deuda duplican los de España. Sólo en el mes de diciembre próximo debe pagar 43.000 millones.
Si en el caso español todos dan por hecho que poco más se puede pedir -con excepción de un control más exhaustivo del gasto, que obligará a chequeos trimestrales-, el italiano es diferente. Europa quiere que acometa recortes, petición que topa con un fuerte rechazo entre los políticos italianos, que esta semana han comenzado a sugerir a Monti que no pida ayuda a Europa.
El posible rescate italiano condiciona el español y pone en tela de juicio todo el mecanismo, hasta el punto de que el Bundesbank lo considera en privado como una empresa imposible. Entre las cuestiones claves está qué límite tendrá el BCE para comprar bonos españoles e italianos y si estas adquisiciones serán esterilizadas, es decir, si el dinero se retirará del mercado para no generar inflación o se imprimirá más moneda.
El Bundesbank parece dominado por una corriente de opinión partidaria de que es mejor expulsar del euro a los países mas débiles y asumir el coste que ayudarlos a superar los problemas con inyecciones monetarias. Afortunadamente, el BCE presidido por Mario Draghi defiende mayoritariamente y en privado todo lo contrario, al igual que el Gobierno germano. Si sólo las palabras de Draghi bastaron para corregir los precios de la deuda, una adquisición de bonos tendrá un efecto mucho más contundente.
Está claro que España e Italia ganarán tiempo para solventar sus desequilibrios. Pero en uno y otro bando flotan varias cuestiones sobre si lograrán embridar sus cuentas o, lo que aún es peor, sobre si después de esta durísima cura de adelgazamiento el sur estará en condiciones de competir en los mercados internacionales con una moneda tan potente como el euro. ¿Cuáles serán los frutos de la deflación de salarios, de precios y de empleo que padecemos? ¿Merecen la pena?
Quien piense que la calma chicha de agosto será duradera está equivocado. Vivimos una especie de tregua que concluirá este otoño, cuando se reactiven los tres grandes frentes ahora durmientes: el descontento social, la batalla autonómica y el futuro del euro. Apúntense esta fecha: 12 de septiembre, cuando el Constitucional alemán debe pronunciarse sobre el nuevo mecanismo de rescate por medio billón. Merkel no quiere sorpresas desagradables hasta entonces. Un día antes, el 11, Europa debe dar pasos significativos hacia la unión bancaria y, en Cataluña, Artur Mas aprovechará la celebración de la Diada para plantear su plan soberanista; los sindicatos habrán puesto en marcha sus reivindicaciones y el BCE tendrá que tener ya definido su programa de rescate. Rajoy va a necesitar mucha determinación para batirse con buena fortuna en tantos frentes. El problema es que tiene que vencer en los tres.
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