El recorte de sueldo a los funcionarios es un atajo fácil en la compleja tarea de reducción del gasto.
En el famoso razonamiento de Guillermo de Ockham, allá por el siglo XIV, cuando dos teorías en igualdad de condiciones tienen las mismas consecuencias, la teoría más simple tiene más probabilidades de ser correcta que la otra. Este principio es conocido como la navaja de Ockham.
Uno se pregunta si al afrontar la reducción del gasto público de las Administraciones españolas, cuestión un día sí y otro también de preocupación generalizada, no se está llevando demasiado lejos el anterior postulado.
¿Cuál es la forma más sencilla de recortar el gasto público? Respuesta obvia: bajar el sueldo de sus empleados. ¿Es ésta la medida más correcta? A mi juicio, no, por varias razones. De un lado, el convaleciente consumo se volverá a resentir, agravando la debilidad de la economía española en el momento actual. De otro, aumentará el desánimo del colectivo afectado, compartido por gran parte de la ciudadanía (algunos lo llaman fatiga social), al contemplar cómo permanecen intactos multitud de gastos susceptibles, de forma manifiesta, de rebaja y que parecen haber adquirido la condición de intocables en el presupuesto público.
La tarea de aminorar el gasto público debe comenzar por los cimientos del edificio administrativo, sin duda operación más compleja que seguir acometiendo recortes por el tejado. En este sentido, considero aún pendiente el adecuado redimensionamiento del sector público, del que sólo se han conocido, hasta ahora, tímidos intentos, como el aprobado por el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional. En concreto, para este último sector se apuntaban unas medidas tan telegráficas como claramente insuficientes, dejando el problema sin abordar.
Pero quedan muchos más ámbitos donde ha de afrontrarse una seria reestructuración. Sin ánimo de ser exhaustivo, se puede señalar la necesidad de dar una solución a la cuestión de las diputaciones provinciales. Una idea consistiría en escindir estas estructuras administrativas, siendo absorbidas por las Administraciones autonómicas y, en su caso, por la central, eliminando así una organización ideada para una época previa a las regiones.
Otro espacio que tratar es el relativo a las representaciones de España en el exterior. En el territorio de la Unión Europea, donde los asuntos se tratan con normalidad a través de los diferentes órganos decisorios creados al efecto, no parece muy apropiado mantener inmutable la red de representaciones políticas desde tiempos anteriores a la adhesión. Ni que decir tiene que el ejercicio de las relaciones internacionales corresponde constitucionalmente al Estado, por lo que toda gestión independiente de las autonomías debería cesar, al igual que todo gasto relativo a competencias que estén duplicadas.
Aun fuera de nuestras fronteras y sin desconocer la importancia de la difusión del español por el mundo, no parece apropiado que para su enseñanza se tenga que costear con fondos públicos una red de centros, adquiriendo la propiedad de edificios en algunas de las ciudades más caras del planeta, o pagando alquileres millonarios por dichas instalaciones. En su lugar, se podría fomentar la firma de convenios de colaboración con universidades o instituciones de enseñanza locales para utilizar sus instalaciones, o bien aprovechar los espacios de embajadas o consulados, por supuesto, con las debidas garantías. Estas fórmulas (o similares) tendrían que estudiarse para otras entidades que operen en el exterior mediante el modelo de sucursales o delegaciones, potenciando el empleo de las nuevas tecnologías.
Más cuestiones. Afrontar la desaparición de la televisión autonómica. Con el despliegue generalizado de la TDT la oferta audiovisual es amplia, así que la labor pública que pudieran pretender las comunidades, como el fomento del conocimiento regional o la información sobre el territorio autonómico, podría abordarse mediante la firma de convenios de colaboración o contratos con los canales privados de radio y televisión, para introducir en la programación de estos últimos, espacios en los que se tratasen exclusivamente los citados aspectos. De esta manera se eliminaría la existencia de estos entes públicos que acumulan gran cantidad de deuda y gasto.
Adicionalmente, se puede considerar la cuestión del personal de las Administraciones, pero en la línea de fomentar la eficiencia de los recursos humanos con que ya se cuenta. Con una política, al menos a medio plazo, de congelación de la oferta de empleo público y una reasignación de efectivos desde las tareas que menos personal necesiten a aquellas más deficitarias, se lograría una mayor productividad de los mismos. En este sentido, cada organismo tendría que analizar cual es el servicio básico que tiene encomendado prestar a la sociedad, las actividades que realiza para su consecución y ajustar su plantilla a estos condicionantes.
Desde luego, en cualquier momento es conveniente que la sociedad se plantee cuánto Estado quiere, teniendo en cuenta que todo cambio estructural debe contar como compañero necesario con un intervalo de tiempo razonable. Si se tiende hacia un modelo minimalista, limitado al ejercicio de las potestades públicas indispensables y a la salvaguardia de los intereses generales de las Administraciones, recuerdo que la ley establece que, de los diferentes empleados públicos existentes, los encargados de estas tareas son los funcionarios.
Más en Opinión
