En España hay 2.680.000 trabajadores al servicio de las administraciones públicas o 6,5 funcionarios cada cien habitantes, según los datos del Ministerio de la Presidencia de finales de 2011.
En las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las Fuerzas Armadas hay casi 300.000 efectivos. Y entre la enseñanza, las universidades y el personal de sanidad suman más de 1.100.000 empleados. Los demás, 1.280.000, se dedican a cometidos diversos como la gestión de instituciones y diversos organismos de las administraciones estatal, central y autonómica.
Con los Presupuestos presentados hoy por Montoro, cada una de las distintas Administraciones tendrá que decidir de dónde recorta exactamente. Y es de ahí donde surgirá la tentación o la oportunidad de acometer una poda o incluso un ERE relevante que contribuya a implementar esta política de austeridad.
Así las cosas, y aunque el ahorro se conseguiría rápidamente si se llevara a cabo una reestructuración de todos los aparatos burocráticos, prescindiendo de los servicios innecesarios y dotando a los que se mantuvieran de forma racional, los recortes que hoy se han impuesto a cada Ministerio brindan una ocasión de oro para realizar un ejercicio de esta naturaleza.
En cualquier caso, que el Gobierno considere que ha llegado el momento de los recortes en el sector público, porque el sector privado ya ha sido obligado a restructurarse, podría ser un auténtico alivio. Y es que no es de recibo que el gran ajuste recaiga íntegramente sobre los hombros del sector privado, que es el que crea riqueza, mientras se mantiene la sensación de que el sector público está sobredimensionado o mal organizado.
Por tanto, no se trataría tanto de recortes como de usar los recursos de una manera que sirva mejor a los intereses de los ciudadanos que los financian con sus impuestos. Sirva de ejemplo que en España existe un malestar patente en determinados servicios públicos realmente estratégicos como la medicina y la enseñanza, que necesitarían los recursos que inútilmente se gastan en otras áreas improductivas.
Los número que nadie quiere hacer, o la respuesta a la pregunta de "si sobrán funcionarios", los puso sobre la mesa la CEOE al proponer la eliminación de 900.000 empleados públicos. Y esa cifra no es arbitraria porque representa la diferencia entre las 821.357 personas que traspasó la Administración central a las comunidades autónomas y los 1.744.00 empleados públicos con los que cuentan ahora las regiones. Evidentemente, el incremento se debe en parte al aumento de la población desde que se hicieron las transferencias y a la mejora de la calidad, pero aunque la cifra se redujera a la mitad el ahorro sería de casi medio millón de personas que son manifiestamente prescindibles.
Con todo, la racionalidad debería estar del lado del ajuste porque si no se hace correctamente es probable que Europa quede convencida de la inoperancia de este Gobierno y de la de todos los anteriores, incapaces de racionalizar su sector público y de acabar con uno de los puntos que preocupan cuando sube la prima de riesgo.
Y eso quiere decir, además, que los políticos se reconocerían incompetentes a la hora de reparar en los esfuerzos que se ve obligada a realizar el resto de la sociedad civil, cada día más castigada por la crisis.
Las líneas maestras de los Presupuestos
