Pese al derroche de dinero público hasta límites que bordean la indecencia, el nacionalismo catalán ha fracasado estrepitosamente en el intento voluntarista de hacer de Spanair una gran compañía con base en Barcelona, capaz de convertir la Ciudad Condal en un gran centro de tráfico internacional.
En un hub, un gran concentrador de sistemas de transporte, en el lenguaje de los expertos. Quienes han fracasado son prácticamente los mismos que antes ya intentaron sin éxito que una low cost, Clickair, hiciera lo misma e imposible proeza.
Spanair, creada en 1986 por la escandinava SAS y Teinver (sociedad de inversiones de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz Ferrán), estaba prácticamente quebrada en 2009, cuando SAS decidió dejarla caer. Poco antes, el 20 de agosto de 2008, un avión de Spanair se estrelló en Barajas por un fallo humano vinculado a un presunto error técnico, con un saldo de 154 fallecimientos; aquel siniestro fue la sentencia de muerte de la compañía.
Pese a los malos augurios, el "tripartito", formado como es conocido por un PSC fuertemente inclinado entonces hacia tesis nacionalistas, ERC e IC, decidió tomar cartas en el asunto para evitar el cierre y, desde 2009, su accionariado estuvo compuesto en un 80,1% por la sociedad "Iniciatives Empresarials Aeronàutiques S.A." (IEASA), participada por instituciones y empresarios catalanes, en tanto SAS seguía manteniendo un 19,9%. La principal implicación fue del Gobierno catalán, ante el absentismo de la banca, que nunca creyó que la compañía fuese viable.
El Gobierno de CiU, tanto o más entusiasmado con la ensoñación nacionalista del tripartito, mantuvo a su llegada el apoyo público a Spanair, pese a que existía un absoluto consenso empresarial sobre su inviabilidad. La crisis fue empeorando la situación de la compañía, dirigida entre polémicas por Ferran Soriano, recordad por su nefasta gestión al frente del Barcelona, sin que se la sometiera a los controles que parecían lógicos estando en juego recursos públicos.
Hasta el pasado viernes, en que fracasó el intento de que entrara un socio de Catar en la empresa (el consejero de Economía de la Generalitat, Mas-Colell, llegó a viajar al emirato a primeros de año) y el Ejecutivo catalán decidió poner fin a la sangría, que ha costado 150 millones de euros de dinero público y ha dejado un a deuda de 350 millones, más de dos mil trabajadores en las listas del paro y una secuela de decenas de miles de damnificados.
Como era de esperar, ante este descomunal naufragio de un absurdo delirio, no faltan los análisis que culpan a AENA y a su "gestión centralizada" de la aviación. Es obvio que se podrá discutir nuestro modelo aeroportuario, que por cierto ha situado en Cataluña una de las terminales más modernas del mundo, pero nadie en su sano juicio podrá condescender con el dislate de que para promocionar un enclave determinado, Barcelona en este caso, haya que comprar a toda costa una línea aérea.
No faltarán tampoco quienes digan que la culpa del naufragio es de que la propiedad de Spanair fuera pública. Porque, con independencia de que esta aventura esté ciertamente en contradicción con el signo de los tiempos, lo cierto es que el fracaso parece ser más bien fruto de la incompetencia. En lo público y en lo privado hay buenos y malos gestores, y en este caso, además, la Generalitat tendrá que dar muchas explicaciones. A lo mejor, el ministro de Hacienda, Montoro, se refería a este tipo de asuntos cuando anunciaba la necesidad de que los despilfarradores hayan de vérselas con el Código Penal.