La Comisión Europea impulsa un nuevo plan de recapitalización de la banca que prevé la actuación coordinada de los Estados miembros, el Banco Central Europeo y el regulador bancario transeuropeo (EBA) para dar la solución definitiva que esperan los inversores internacionales de los mercados de capitales, los clientes de las entidades y, sobre todo, los pequeños empresarios que tienen cerrado el acceso al crédito.
El objetivo que pretende la Comisión con esta iniciativa no es otro que restaurar de una vez por todas la confianza en el sistema bancario, porque si un banquero tiene que demostrar su solvencia es que ya la ha perdido. Para conseguir esta meta, propone un plan estructurado en varias fases:
1) Volver a evaluar la situación de las entidades, considerando sólo aquéllas que, verdaderamente, por el tamaño de sus operaciones e interrelaciones en el sistema financiero, supongan una seria amenaza para el funcionamiento de los sistemas de pagos (el llamado riesgo sistémico).
2) Incluir en dicho análisis específicamente las posiciones en balance de la deuda soberana, que ha pasado a ser un problema tan importante como el de los activos inmobiliarios.
3) Establecer unos elevados niveles de capital mínimo (se especula con el 9 por ciento) compuesto por instrumentos de la máxima calidad.
4) Quien no alcance ese capital mínimo deberá poner en marcha un proceso de saneamiento que exija con carácter previo a la aportación de fondos por parte de los poderes públicos un sacrificio de los inversores privados. Sólo una vez satisfecha esta condición deberían usarse recursos de los propios Estados o del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera.
En paralelo a la puesta en práctica de estas líneas maestras, se apuntan otras reformas a largo plazo, no intrínsecamente bancarias, como la creación de nuevos impuestos para ayudar a sufragar el plan, o la revisión del marco de actuación de las agencias de rating.
No son novedosas
Sin embargo, probablemente a nuestros lectores todas estas medidas no les parecen en absoluto nuevas. Cambia la letra, pero les suena la música. La mayoría de los ciudadanos que no tiene en absoluto ninguna vinculación profesional con el sector financiero tararea con soltura palabras como test de estrés, core capital o activos ponderados por riesgo, pero han perdido todo interés en conocer su contenido concreto. La insistencia de sucesivos planes extraordinarios degenera en insensibilidad.
De igual modo, los primeros análisis del impacto de la propuesta realizados por prestigiosos economistas muestran una disparidad de cifras inaceptable, cifrándose la necesidad de recapitalización adicional entre 100.000 y... ¡500.000 millones de euros!
Y es que una parte significativa de la pérdida de credibilidad que experimenta el sector bancario proviene de la falta de transparencia con que se ha manejado el proceso desde el inicio de la crisis, el escaso rigor técnico de algunas de las decisiones adoptadas, así como de una política cortoplacista, de bandazos y parches temporales, encaminada únicamente a encabezar optimistas titulares a corto plazo de fácil digestión para la opinión pública.
Contra la incertidumbre
Las consecuencias están en la memoria de todos: en los primeros test de estrés, la banca irlandesa era un dechado de virtudes; en los más recientes, Dexia aprobó con nota, y solo por poner un ejemplo, en España tenemos el caso de la CAM, que en marzo de este año aprobó con toda desfachatez sus cuentas anuales individuales de 2010 declarando una cifra millonaria de beneficios.
Pero quienes verdaderamente deciden en los mercados mayoristas de capitales han sido en todo momento conscientes de estas circunstancias, y obran en consecuencia cerrando el acceso al crédito o reclamando un interés elevado que compense el riesgo asumido (la famosa prima de riesgo). Y es entonces cuando son injustamente denostados por la clase política, con la inquina propia del cliente inmaduro que acude gustoso a pedir dinero a su banco pero se enfada cuando le toca devolverlo. El mayor enemigo del análisis financiero es la incertidumbre, porque paraliza e impide tomar decisiones, de modo que la solución sólo vendrá cuando se identifiquen todos los problemas del sector bancario, se cuantifique su magnitud, y podamos asignarlos a las entidades afectadas.
Toca, por tanto, analizar de manera crítica si este nuevo plan va a acabar con la citada incertidumbre de una vez por todas, convirtiéndose, de verdad, en el plan definitivo.
Ante las pruebas de esfuerzo
En referencia al alcance de las pruebas de esfuerzo, los fracasos cosechados hasta ahora se han debido sobre todo a las injerencias políticas, materializadas en criterios laxos y permisivos acerca de la valoración de los activos inmobiliarios, y la no inclusión de minusvalías patentes y acreditadas en las carteras de deuda soberana. Esta pulsión sigue vigente y, mientras escribo, veo en las noticias que se está negociando a marchas forzadas los países cuyos bonos van a considerarse "perjudicados", y qué porcentajes de pérdida van a ser tenidos en cuenta. Pero si la decisión final no refleja los verdaderos precios de mercado, una vez más los resultados tendrán escasa credibilidad.
Asimismo, las pruebas de esfuerzo deben considerar también el pasivo del balance, su financiación. ¿Qué previsiones realistas de refinanciación tienen los bancos en los próximos 24 meses? La mayoría de las entidades bancarias se ha visto obligada a comprar masivamente deuda pública en el mercado primario por indicación de sus Gobiernos, para colaborar a su financiación. Pero acuciadas por su propia falta de liquidez han pagado esas compras con los ahorros de sus clientes, cediéndoles en repo los bonos del Estado en el mismo momento de su adquisición.
En paralelo, el marco normativo de Basilea III -probablemente prematuro vista la situación real del sector y excesivamente ambicioso en cuanto a sus objetivos- establece un ratio de liquidez a corto plazo exigente y de difícil cumplimiento. En las próximas semanas se va a presentar el primer estudio de impacto (QIS), y los resultados pueden ser desesperanzadores. Al no permitirse computar como activos líquidos las titulizaciones propias en balance o los títulos soberanos cedidos en repo, es probable se incumpla flagrantemente el ratio objetivo del cien por cien, y se especula con resultados incluso por debajo del 40 por ciento.
Conviene por tanto tener en cuenta el riesgo de liquidez para completar las pruebas de esfuerzo de la Comisión Europea, y no encontrarnos con que una entidad con activos sanos y capitalización adecuada necesita rescate sencillamente por que no puede atender unos determinados vencimientos.
Evitar desembolso de dinero público
Por otra parte, no parece razonable excluir del alcance del análisis entidades no sistémicas, y si se hace, ha de ser con el objetivo declarado de que los bancos excluidos no serán rescatados ni recibirán ayudas públicas de ninguna índole. Si no se incluye en el plan determinadas entidades y luego se las rescata por motivos de imagen o electorales, seguirá existiendo la duda de cuál es el presupuesto necesario para sanear el sistema.
En relación a la participación del sector privado en el plan de recapitalización, ésta debería comenzar por activar de manera inmediata las cláusulas de absorción de pérdidas de la deuda subordinada y las acciones preferentes, para que se imponga la disciplina de mercado antes de cualquier desembolso de dinero público.
Y debe acabar el arbitraje de elementos de capital, de modo que cada país presiona para que se incluya precisamente el elemento que más conviene a su sector: genéricas, convertibles, plusvalías, híbridos de nuevo cuño, exceso de provisiones específicas, etc. Debe existir una única definición de capital regulatorio, igual para todos, y permanecer inalterada a lo largo del tiempo.
Transparencia de las agencias
Y por último, en cuanto a las agencias de rating, recordemos que fue precisamente Basilea II en 2005 quien les otorgó gran parte de su protagonismo. En una economía de mercado deben ser los agentes privados quienes establezcan su utilidad e influencia. Pero en lo que respecta a la deuda soberana, y para decisiones de política monetaria como su aceptación en garantía ante el BCE o su elegibilidad para integrar fondos monetarios, su calificación debe ser sencilla, transparente y observable, sin depender del fino olfato de un selecto panel de analistas. Un sistema que ponga en relación variables como déficit y deuda pública durante un periodo de tiempo, y que determine su idoneidad y los recortes de valoración graduales.
Este mecanismo, públicamente conocido y aceptado, evitaría las rebajas de rating inesperadas e injustificadas, y disciplinaria enormemente a los gobernantes y a los gestores de nuestros ahorros y pensiones, ahuyentándoles de aquellas economías regionales, estatales o supranacionales cuyo desempeño financiero sea dudoso.
Víctor García Romero. Profesor del IEB.
