Las eléctricas siguen sin enjugar el desvío entre ingresos y gastos, debido a que el precio no recoge el coste del servicio y su aproximación ha sido dificultada por las sucesivas congelaciones de la tarifa acometidas por el Gobierno socialista.
El Ejecutivo que salga tras las elecciones del 20-N tiene dos vías: recortar gastos o subir ingresos para tratar de contener esta sangría. La primera parte supondría una quita al déficit tarifario y sólo crearía incertidumbre para los inversores.
La segunda, crear un nuevo impuesto para la hidráulica y la nuclear, sólo seguiría enmascarando los problemas temporalmente. Nuestro sector energético necesita redefinirse.
En parte, para tumbar cualquier atisbo de duda sobre la formación de precio, en parte para recoger el coste de forma más justa para las empresas y sus clientes.
