La cumbre europea del día 23 discutirá una propuesta de recapitalización bancaria que podría contemplar una quita del 20% para la deuda pública española y un reforzamiento del capital básico de hasta el 9%.
Aun si sólo se aplica a nuestras entidades sistémicas forzándolas a captar 40.000 millones, semejante decisión abocaría a España al desastre. De aplicarse, las obligaría a mendigar fondos en un mercado cerrado, a provisionar sus títulos del Tesoro o, incluso, a venderlos en seis meses y, por supuesto, ¿quién iba a comprar entonces bonos españoles?
Además, enseguida se impondría tal rebaja al resto de entidades. Y sería imposible que las empresas de nuestro país colocasen deuda. Si se aspiraba a levantar una protección para España, más bien parece que ese muro lo dejaría aislado de la financiación. Y encima restringiría mucho más el crédito justo cuando tenemos que recortar déficit.
La propuesta nos ubicaría en el mismo grupo que Italia ahora que el mercado valoraba nuestros esfuerzos, sin dar una oportunidad al nuevo Gobierno. No parece lógico ni que se convierta en un activo tóxico aquel que el propio BCE exige como colateral para dar financiación, ni que se requiera una quita a la vez que se sube el colchón de capital.
Se puede entender que se ordene provisionar el inmobiliario de modo que se limpien los balances. Pero la quita convertiría nuestro problema de liquidez en uno de insolvencia, condenándonos al impago. Zapatero tendrá que defender que esto no ocurra. Si éstas son la soluciones, no extraña que Merkel y Schauble rebajen las esperanzas depositadas en la reunión. El disparate continúa.
