
No se puede tropezar dos veces con la misma piedra, aunque se llame UBS. En Reino Unido, la Comisión Vickers ha presentado una propuesta que reduce el riesgo de que el Estado se vea obligado en el futuro a acudir otra vez al rescate de la banca. En una empresa, los errores y la mala administración se pagan. Socios capitalistas y demás acreedores pierden su dinero. En la banca, el juego es asimétrico: los beneficios son suyos, las pérdidas nuestras.
La Comisión Vickers -creada por el ministro de Finanzas británico y presidida por Sir John Vickers, antiguo economista jefe del Banco de Inglaterra- está compuesta por expertos de reconocido prestigio como Martin Taylor, ex director ejecutivo de Barclays y ex secretario general del Grupo Bilderberg; Bill Winters, exdirector ejecutivo de JPMorgan y Martin Wolf, ex economista del Banco Mundial y respetado comentarista del FT.
Un grupo nada sospechoso de albergar ideas o rencores anticapitalistas y que, sin embargo, presentan una propuesta radical: la separación estricta de la banca comercial minorista -la que usamos diariamente para cobrar la nómina y pagar domiciliaciones- de la más especulativa; la que se conoce como banca corporativa y/o de inversión y que hoy se agrupa bajo la denominación de banca global.
El problema
El problema que presenta el sistema bancario actual se resume en el demasiado grandes para dejarlos quebrar, que constituye una auténtica zarpa en la parte más tierna de la entrepierna de los Estados. Ciudadanos angustiados haciendo colas kilométricas para rescatar sus ahorros ante la puerta de un banco en inminente quiebra. Eso fue lo que se pudo ver en Inglaterra en 2007 con ocasión de la crisis del Northern Rock y lo que se evitó en el resto de Occidente gracias a los rescates de los Gobiernos que, inyectando liquidez a cambio de créditos dañados, acabaron convirtiendo lo que en un principio sólo eran pérdidas bancarias en pérdidas soberanas.
Empezando por nuestras irresponsables cajas de ahorros y continuando con UBS, Lloyds Bank, ING, Citigroup, la lista es interminable. En Reino Unido, el coste que esa separación de actividades supondrá para la banca corporativa y de inversiones asciende a unos 6.000 millones de libras, al subir el coste de financiar su pasivo.
Se acabaron los momios; la relación riesgo, tasa de interés exigida por los mercados financieros, se manifestará sin distorsiones al desaparecer ese put implícito que hasta ahora, por causa del demasiado grande para quebrar, otorgaba muy a su pesar el Gobierno británico.
Costes elevados
Porque si cualquiera puede abrir un supermercado, para abrir un banco las cosas son diferentes: se necesita una concesión administrativa, y es que la banca, especialmente la minorista, es un servicio tan básico para la sociedad como el suministro de agua o electricidad. Como dice la sabiduría popular, con las cosas de comer no se juega. Y no parece razonable que los depósitos de los ciudadanos y pymes estén a merced de una banca especulativa que sólo busca el beneficio a corto plazo espoleada por el interés de sus directivos por maximizar su siguiente bonificación millonaria.
Según el Comité de Basilea de Supervisión Bancaria, cada 20 años se produce una crisis bancaria de envergadura con un coste a largo plazo cuyo valor presente actualizado equivale al 60% del PIB de los países afectados. Esos costes económicos, sociales y personales son suficientes para que la propuesta de la Comisión Vickers merezca nuestra atención.
En un futuro próximo, los llamados bancos globales -aquellos que prestan servicios de banca comercial, corporativa y de inversión en Reino Unido- tendrán que delimitar y escindir su actividad de banca comercial minorista y volcarla en una filial estanca dotada con capital propio -en la cuantía que exige Basilea III- y que deberá quedar estrictamente aislado del capital del banco matriz. De esta forma, en el caso de que hubiera problemas en la matriz, el banco minorista no se vería afectado ni en su liquidez ni en su solvencia.
Incluso si se diera el caso de que el propio banco minorista tuviera problemas, su hipotético rescate por parte del Estado sería más simple y menos costoso. No habría que esforzarse en desenredar la madeja de las diferentes actividades del banco global para verse finalmente obligado a rescatarlo en su totalidad al no poder separar limpiamente sus diferentes áreas operativas.
Medidas adicionales
Como medidas adicionales, la Comisión propone que en el caso de una liquidación del banco minorista los depósitos de los clientes y pymes deberán tener precedencia ante otras clases de valores negociables, no garantizados, de su pasivo. Por último, recomienda reforzar el capital propio hasta llegar al 17-20% sobre los activos ponderados por riesgo (APR) mediante nuevas clases de pasivo prediseñadas para asumir un primer tramo de pérdidas en la línea del llamado Capital Contingente, conocido en inglés como CoCo.
El Capital Contingente es un tipo de obligación que a cambio de un cupón anual asume automáticamente las pérdidas cuando éstas reducen el capital propio a un nivel predeterminado; primero, mediante un recorte en su valor inicial y, después, mediante su conversión en acciones por el resto de su montante.
A nivel individual, ya ha sido utilizado con éxito por Credit Suisse, Rabobank, LLoyds y Barclays desde 2009. Credit Suisse en su última emisión el 17 de febrero 2011 salió al mercado con una oferta de 2.000 millones de dólares, inmediatamente desbordada por una demanda que superó los 20.000 millones. Las autoridades suizas han dado pleno respaldo a este tipo de obligación en su nuevo proyecto de ley de reforma bancaria.
Pretenden que desempeñe también un papel fundamental en la composición del capital propio al ser su coste menor que el resultante de elevar el capital social. Los intereses de los cupones computan como gasto a la hora de calcular beneficios y son más atractivos que los dividendos, que tributan por partida doble. Pero lo importante, el verdadero objetivo de todas estas medidas, es reforzar la solidez del banco, la seguridad de los depósitos de clientes y reducir al máximo la necesidad de tener que acudir otra vez a sofocar el fuego de una futura crisis bancaria con cubos de agua que luego vemos con espanto que contenían gasolina.
El Banco de España modestamente exige un ratio capital propio/activos ponderados por riesgo del 8 al 10%. Será interesante ver qué propuestas, si alguna, presentan en ese sentido nuestros partidos políticos cara a la próxima cita electoral.
Ignacio Nart, Analista financiero.