La situación económica, social y financiera de España es de una extrema gravedad, aunque, como sucede siempre, el enfermo pierde la perspectiva sobre la seriedad de su caso, sobre todo cuando éste se ha convertido en un mal crónico.
Por eso, una parte de la opinión pública ilustrada e informada considera exageradas las críticas y los temores sobre la economía española formuladas por los medios, los analistas y los organismos internacionales.
Al mismo tiempo, se sugiere o se plantea la idea de que el grueso de los deberes presupuestarios y de las reformas estructurales ya se ha hecho y, en consecuencia, de que se han sentado las bases para la reactivación de la economía. Ambas tesis son falsas.
La coyuntura española es muy grave y queda por hacer casi todo para salir de la crisis y evitar recaídas. En estos momentos, las dos principales ventajas que tiene España son el desesperado deseo por parte de todas las partes implicadas, nacionales e internacionales, de que esto no estalle y la posibilidad de que un nuevo Gobierno ponga en marcha la política económica que el país necesita. Es sobre esas dos expectativas sobre las que pende como de un hilo la suerte del país.
La intuición de los mercados, soportada por los hechos, sobre un endeudamiento autonómico y local superior al oficial y la insuficiencia de las medidas adoptadas para reestructurar y sanear el sistema financiero indican con claridad meridiana y, sensu contrario, qué es lo que hay que hacer. Esto no es otra cosa que un programa global, realista y con objetivos y períodos temporales acotados que se centre en dos líneas básicas: primera, la creación de un entorno de estabilidad económica y financiera para que los agentes económicos sean capaces de adoptar sus decisiones económicas en un entorno macroeconómico sólido y predecible y la puesta en marcha de políticas de oferta -liberalización de los mercados, reducciones de impuestos, etc.- para crecer y crear empleo. Dada la posición económico-financiera de España, esas medidas han de adoptarse en su significado más radical, en el sentido de ir a la raíz de los problemas.
Comunidades con necesidad de rescate
De entrada, la drástica reducción del binomio déficit-deuda ha de descansar en un recorte del gasto público concentrado en partidas sociales, transferencias corrientes y número de empleados públicos. En una estructura descentralizada, ese plan ha de extenderse a las Haciendas Territoriales y ha de verse acompañado del establecimiento de un marco institucional que ponga un techo de gasto a todas las administraciones públicas, las fuerce a cerrar sus presupuestos anuales en equilibrio y limite de manera drástica su capacidad de endeudamiento.
Si, como es posible, algunas o muchas autonomías y ayuntamientos van a necesitar ser rescatados por el Estado para evitar la bancarrota, ello exige imponerles un programa de saneamiento drástico con severas penalizaciones en caso de incum- plimiento; es decir, una estricta condicionalidad en las ayudas suministradas a las CCAA y a las CCLL.
Si bien el ajuste presupuestario es una condición imprescindible para salir de la crisis, no es suficiente. En un escenario normal, la disminución de las necesidades de financiación del sector público aumentaría los recursos disponibles para la inversión y el consumo privado, que además se verían estimulados por el descenso de las expectativas de subidas de impuestos futuros para financiar el endeudamiento.
Ahora bien, para que esa contracción fiscal tenga efectos expansivos es imprescindible que el sistema financiero funcione con normalidad; esto es, para que los flujos crediticios a las familias y a las empresas se reactiven. Esto es imposible en un escenario en el que las entidades crediticias, básicamente las cajas de ahorros, no han aflorado sus pérdidas, no han limpiado sus balances y, en consecuencia, no tienen capacidad de aumentar la oferta de crédito.
Fiscalidad para impulsar el crecimiento
Desde esta óptica es imprescindible proceder a un rápido saneamiento de esas entidades, lo que, guste o no, exigirá la nacionalización de facto de un número sustancial de cajas; es decir, el Estado deberá rescatarlas para sanearlas y posteriormente venderlas y eso costará mucho más que los 15.000 millones previstos para ese fin por el Banco de España y por el Ejecutivo.
Aunque la consolidación presupuestaria y el saneamiento del sistema financiero son de nuevo condiciones necesarias para estabilizar la economía española, no son suficientes. Es básico crecer y ello implica emprender una agresiva política de liberalización de los mercados de factores y de productos, así como una reforma de la fiscalidad directa para impulsar el crecimiento y generar los ingresos suficientes para reducir de modo sustancial el endeudamiento del sector público.
Sin activar la oferta, ni la austeridad presupuestaria ni la reforma financiera bastan para retornar a tasas de crecimiento de la economía y del empleo. En este sentido, queda todo por hacer y los avances en, por ejemplo, la modernización de las instituciones del mercado de trabajo son insignificantes y, desde luego, insuficientes para abordar un problema de paro y empleo de las dimensiones del español.
¿Puede emprender una estrategia de esta envergadura un Gobierno débil y sin liderazgo o, peor, con una bicefalia? La respuesta es negativa. ¿Aguantarán los mercados un período de interregno de 10 meses si se opta por agotar la legislatura? Depende de la evolución de la situación económico-financiera europea y de su paciencia. Esto significa que la estabilidad de la economía española depende en estos momentos de elementos que están fuera de control y, por tanto, introducen un nivel de incertidumbre muy elevado. En este escenario, lo mejor sería anticipar las elecciones generales y que un nuevo Gobierno pusiese en marcha la política económica que el país precisa.
Lorenzo Bernaldo de Quirós. Miembro del Consejo Editorial de elEconomista.
