Siete autonomías exigen al Gobierno unos 4.000 millones prometidos a través de los fondos de convergencia. Sin embargo, el Ejecutivo quiere aplazar tal entrega, de modo que ahora esas comunidades autónomas amenazan con incumplir el déficit justo por esas cuantías.
Esperan que en algún momento el Estado central se muestre más flexible. Y amenazan con ganar tiempo recurriendo al Constitucional o a la vía contencioso-administrativa.
Ayer, la prima de riesgo española se redujo porque se interpretó que Salgado metía en cintura a las regiones. Pero con las elecciones de por medio, este proceso puede retrasarse hasta un año. Y eso se añadiría al destape de mayores agujeros.
El Gobierno empieza a hacer los deberes, pero no debe darles tanto tiempo. Debe aprovechar y disciplinarlas cuanto antes.
