Hasta donde se conoce, David Cameron no mostró malestar alguno en la pasada cumbre europea cuando le fue presentado el plan francoalemán para crear una Europa federal.
Conocido de forma oficial como el pacto por la competitividad, las propuestas fueron descritas con orgullo por el presidente Sarkozy y por la canciller Merkel como el tardío diseño de un gobierno económico europeo. Su objetivo es armonizar seis grandes y controvertidas áreas referentes a la política nacional económica y social de los países de la zona euro.
Estas áreas son: impuestos corporativos, sistema de pensiones, negociación salarial, cualificaciones educativas, límites de la deuda pública y gestión de regímenes para bancos con dificultades.
Teniendo en cuenta el pasado euroescéptico de Cameron, la ausencia de cualquier tipo de oposición podría parecer una sorpresa. ¿Por qué está aparentemente tan relajado el Gobierno británico ante este enorme paso de la Unión Europea hacia la creación de un estado federal, cuando esta propuesta podría haber llevado al paroxismo a Margaret Thatcher o incluso a John Major?
En estos momentos, parecen existir cinco razones para la falta de interés del Gobierno británico hacia los asuntos europeos. En primer lugar, la influencia del eurofederalismo de los liberaldemócratas en la coalición. En segundo lugar, la estabilidad del euro y del sistema bancario de la UE son importantes para la recuperación de Gran Bretaña.
En tercer lugar, el Gobierno se consuela con el hecho de que los recientes planes de gestión económica conjunta se hayan presentado fundamentalmente como acuerdos intergubernamentales entre líderes nacionales más que como transferencias de autoridad a la Comisión Europea. En cuarto lugar, los intransigentes euroescépticos que todavía quedan en el Gobierno creen que Gran Bretaña se puede aislar de esos proyectos europeos no deseados, manteniéndose fuera de la eurozona.
Finalmente, el proyecto de ley de la Unión Europea, ahora ante el Parlamento, incluirá un referéndum de bloqueo para cualquier nueva transferencia de soberanía de Westminster a Bruselas.
No habrá retorno
El primer punto habla por sí mismo, pero los otros se apoyan en un concepto erróneo de proporciones históricas: que el avance del federalismo económico de este momento es, simplemente, una respuesta inevitable a las crisis financieras de Grecia, Irlanda y España, desencadenadas por la contracción del crédito en 2008.
La esperanza en Whitehall es que este programa de centralización se abandone paulatinamente o que incluso se cambie cuando la crisis termine, pero lo más probable es que ocurra lo contrario.
Las nuevas instituciones y acuerdos inspirados por la crisis del euro serán rasgos permanentes en el panorama político europeo que evoluciona de forma continua hacia un Ejecutivo federal a gran escala. Gobierno que Jacques Delors, Helmut Kohl y la señora Thatcher vieron como la consecuencia inevitable de la decisión de Europa de crear una unión monetaria única.
El plan de la última cumbre ilustra perfectamente este proceso. La armonización propuesta sobre las políticas fiscal, laboral y de pensiones no incide directamente en la crisis del euro y no conseguirá que Grecia o Irlanda sean más dignas de crédito. Por el contrario, Irlanda podría sufrir una salida de capital y pérdida de empleo si se viera obligada a armonizar sus tasas de impuestos con las de Alemania o Francia.
Centralizar la negociación salarial en toda Europa, lejos de permitir a los países pobres que fueran más competitivos aprovechando su mano de obra más barata, crearía un mecanismo para proteger los altos salarios y cargas sociales de Alemania y Francia.
Mientras tanto, la única parte de la propuesta francoalemana que podría ayudar a mejorar la estabilidad del sistema financiero europeo, la creación de un mecanismo paneuropeo para garantizar y recapitalizar los bancos con problemas, apenas se mencionó en la cumbre y probablemente no se tendrá en cuenta. Al menos, por el momento.
Avance del eurofederalismo
En resumen, las propuestas de la semana pasada no fueron tanto un intento de resolver la crisis del euro como un esfuerzo por utilizarla en el avance de la agenda eurofederalista que lleva años paralizada.
Alemania, en particular, ha visto la crisis como una excelente oportunidad para promover su visión de una Europa federal, en la que todos los países miembros se verán forzados a cumplir con unas normas presupuestarias muy estrictas, con una negociación salarial centralizada, ofreciendo una generosa red de Seguridad Social y recaudando los relativamente elevados impuestos que se requieren para pagarla.
En muchos sentidos, éste es un modelo atractivo, pero es poco probable que funcione en los países más pobres y menos ordenados del sur y centro de Europa.
Aunque Alemania posee el dominio en la actualidad, las relaciones de poder cambiarán rápidamente en caso de que se contenga la crisis del euro. Una vez que Alemania suscriba las garantías financieras irrevocables para las deudas de otros países de la zona euro, las condiciones políticas que ha impuesto quid pro quo seguramente se suavizarán.
Es casi seguro que, por ejemplo, las sanciones presuntamente "automáticas" por el incumplimiento de las normas presupuestarias, que es probable que Alemania se gane a cambio de sus garantías financieras, sean rápidamente ignoradas al igual que lo fue la "cláusula de no rescate" que establecía que los miembros de la eurozona nunca garantizarían las deudas de los demás.
Lo mismo puede suceder respecto a la insistencia de Alemania en que la armonización de la UE debería ser más controlada por los líderes nacionales en las cumbres, en lugar de por los comisarios de la UE en Bruselas.
La Comisión posee el único mecanismo para la implantación de las decisiones intergubernamentales y la historia de la UE sugiere la pronta adquisición del control total. Además, los demás miembros de la eurozona están decididos a no ser gobernados por Alemania, ni tampoco por una junta directiva franco-alemana.
Ellos garantizarán el rápido traslado de las principales responsabilidades para el gobierno económico a la Comisión una vez que Alemania suscriba las garantías irrevocables para la estabilidad financiera del euro y, por consiguiente, pierda su poder de veto.
Si hablamos de vetos, debemos remontarnos a la posición de Reino Unido. El Gobierno británico considera que la preferencia alemana por los mecanismos intergubernamentales es muy tranquilizadora y por tanto se muestra impasible ante la evolución de la UE respecto a la eurozona.
Pero es ilusorio pensar que Gran Bretaña pueda evitar una posterior integración de la Unión Europea. Dado que los 17 países miembros de la eurozona se inclinan inexorablemente hacia una unión económica y política, los intereses de este bloque unido adquirirán un mayor dominio en todas las instituciones de la UE.
Los países ajenos a la zona euro, concretamente Gran Bretaña, deberán, pues, afrontar la realidad de una Europa con distintas velocidades, con un núcleo federal completamente integrado y una coalición mucho más holgada de socios comerciales en el exterior.
Esta visión de una Europa más holgada es digna de elogio, pero es justo aquello que los sucesivos gobiernos británicos han intentado durante décadas evitar. Ahora es una realidad incuestionable.
Anatole Kaletsky. Director adjunto y jefe de Economía del diario The Times. ©
Alemania modelo para Europa
